Patagonia: recurrieron sobreseimientos por irregularidades en venta de predios

Las maniobras investigadas habrían ocurrido entre 1996 y 1997, cuando en contra de lo establecido por normas de defensa se logró que tierras del área de seguridad de frontera con Chile pasaran a manos extranjeras

El fiscal general adjunto José Luis Agüero Iturbe, interinamente a cargo de la Fiscalía ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, interpuso un recurso de casación para que se declare la nulidad del fallo dictado en diciembre mediante la cual la Sala I del tribunal confirmó la extinción de la acción penal por prescripción de la causa que investiga presuntas irregularidades en la venta de las tierras que rodean al Lago Escondido, en Río Negro.

El agente fundó su recurso en lo que consideró como inobservancia de normas procesales, en tanto se excluyó arbitrariamente al Ministerio Público Fiscal del trámite regular.

Los hechos que generaron la pesquisa habrían ocurrido entre 1996 y 1997, cuando en contra de lo establecido por normas de defensa destinadas a proteger la soberanía y la integridad de la Nación Argentina, se logró que cerca de 11 mil hectáreas de tierras del área de seguridad de frontera con Chile, ricas en recursos y bellezas naturales, pasaran a manos extranjeras; concretamente a propiedad del empresario inglés Charles Lewis.

En la denuncia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) ,que inició el expediente, se indicó que las transferencias de tierras, autorizadas por la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, eran contrarias a lo dispuesto en la ley 23554 y el decreto 15385/44, por su ubicación estratégica.

Sin embargo, para lograrlo, se realizaron distintas maniobras. Primero, se solicitaron autorizaciones en calidad de personas jurídicas nacionales, pero en paralelo se transfirieron las acciones a manos extranjeras. Una vez obtenidos los permisos, la enajenación se efectivizó.

En la causa están imputados -y en algunos casos indagados- los funcionarios públicos que autorizaron las ventas, la escribana actuante, el responsable del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro y las autoridades de las sociedades extranjeras HR Properties, Lago Corp, Hidden Lake y Lewis.

En agosto de 2019, el Juzgado Criminal y Correccional Federal Número 6 resolvió el sobreseimiento de todos los implicados, al declarar la extinción de la acción penal por prescripción, una decisión que fue oportunamente recurrida por la Fiscalía Federal Número 11 y la PIA.

Ahora, Agüero Iturbe argumenta que corresponde dejar sin efecto esa sentencia. «La decisión de no permitir a esta parte su intervención o la desatención en hacerlo pero con igual resultado, es agraviante y de modo directo repercute en la forma en que el fiscal General ante la Cámara ejerce su ministerio”, enfatizó.

“Habiéndose generado una cuestión federal cuya relación con la resolución del caso es directa y sustancial –ya que se violentó la garantía del debido proceso adjetivo y la capacidad de intervención prevista en el artículo 120 de la Constitución Nacional-, corresponde que se habilite el trámite de este recurso con el fin de que la Cámara Federal de Casación Penal, en el ámbito de su competencia, corrija el error», destacó el funcionario.

En esa línea, ponderó que la decisión recurrida, por su desapego a las leyes sustanciales y de ritos y por su incidencia en las acciones de otro poder del Estado, exhiben la existencia de gravedad institucional.

En la denuncia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) ,que inició el expediente, se indicó que las transferencias de tierras, autorizadas por la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, eran contrarias a lo dispuesto en la ley 23554 y el decreto 15385/44, por su ubicación estratégica.

 

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