Para la Corte Suprema, los consumidores no deben pagar las costas del proceso

Los supremos entendieron que éste es el espíritu que le dieron los legisladores a la ley Nº 24240. En la Justicia de Córdoba sigue vedada esta posibilidad, que se limita al beneficio de litigar sin gastos

En un fallo que sentará precedentes en la materia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que el beneficio de gratuidad contenido en la Ley de Defensa del Consumidor (LDC) Nº 24240 comprende las costas del proceso . Lo hizo en el marco de una causa en la que admitió un recurso extraordinario y, en consecuencia, dejó sin efecto la sentencia apelada que impuso costas a asociaciones de consumidores.

En el caso, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso-administrativo Federal declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por las asociaciones de consumidores actoras contra el pronunciamiento que había declarado la caducidad de la instancia judicial y les impuso las costas.

Las asociaciones, por su parte, consideraron que la imposición de las costas "es contraria a las previsiones del artículo 55 de la ley 24240" y a lo resuelto por la Corte en el precedente "Unión de Usuarios y Consumidores c/ Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. s/ ordinario". Esgrimieron, asimismo, que la LDC determina que el beneficio de gratuidad "tiene el mismo alcance que el beneficio de litigar sin gastos".

En este escenario, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti explicaron que, al sancionar la ley 26361 ─que introdujo modificaciones al texto de la ley 24240─, el “Congreso Nacional ha tenido la voluntad de eximir a quienes inician una acción en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor del pago de las costas del proceso”.

Los supremos entendieron que si los legisladores descartaron la utilización del término “beneficio de litigar sin gastos” en la norma "no fue porque pretendieran excluir de la eximición a las costas del juicio, sino para preservar las autonomías provinciales en materia de tributos locales vinculados a los procesos judiciales".

“En efecto , la norma no requiere a quien demanda en el marco de sus prescripciones la demostración de una situación de pobreza para otorgar el beneficio , sino que se lo concede automáticamente. Solo en determinados supuestos, esto es en acciones iniciadas en defensa de intereses individuales, se admite que la contraparte acredite la solvencia del actor para hacer cesar la eximición”, señaló la sentencia firmada de forma unánime.

Para los supremos, “queda claro que la eximición prevista incluye las costas del proceso” y que esta interpretación coincide con “la voluntad expresada por los legisladores” al discutir en el recinto la ley 26361 que en 2008 modificó la LDC.

A contramano

Córdoba tiene prácticamente vedada la posibilidad de iniciar acciones en materia de defensa del consumidor en forma gratuita, que se restringe al pedido que puede hacer todo ciudadano, del beneficio de litigar sin gastos (BLSG).

La Justicia local se ampara en que cada provincia tiene autonomía legislativa y la facultad de establecer exenciones de la obligación tributaria por la iniciación de un juicio -por ejemplo-, forma parte del poder no delegado a la Nación. En este contexto es que, pese a la normativa nacional, son pocas las provincias que tienen hoy previsto el acceso a la justicia gratuita en materia de consum o: entre ellas Buenos Aires, Misiones y Catamarca.

Consultado por Comercio y Justicia , el abogado especialista en defensa del consumidor Exequiel Vergara destacó que “cuando los juzgados de primera instancia condenan en costas a los consumidores se desalienta luego ir en apelación a Cámara por el miedo que da los ciudadanos tener luego que pagar aún más en caso de perder el juicio; estos juzgados funcionan como una barrera casi infranqueable”, se lamentó.