Para Garrigós de Rébori, jueces no tienen jubilaciones de privilegio

FISCALES. La ex magistrada también dijo que la PGN “no es agua mansa”.

La jurista sostuvo que sólo son buenos ingresos. También destacó que ganan en función de lo que
aportaron. Además, remarcó que son siete mil personas y le restó importancia a su impacto en el sistema

La ex jueza y ex titular de Justicia Legítima María Laura Garrigós de Rébori aseguró que si bien los ex magistrados perciben una “muy buena jubilación», no es privilegiada por- que es consecuencia de los aportes que hicieron a lo largo de la vida.

«Jubilaciones de privilegio son las que se cobran por haber estado corto tiempo en un cargo ejecutivo o legislativo. El Poder Judicial nunca tuvo ese sistema. Rige la obligación de 30años de actividad, más la edad y los aportes correspondientes», enfatizó.

No obstante, señaló que, aunque le *parecía importante hacer esa diferenciación, tampoco iba a ser «hipócrita» y a decir que necesitarían cobrar más.

Un punto
Garrigós de Rébori precisó que durante todos los años de labor «los judiciales aportan un punto más», razón por la cual, según indicó, “si resuelven modificar el sistema jubilatorio les van a tener que devolver” lo que corresponda.

Además, remarcó que las jubiladas por este régimen, incluidos ex presidentes y ex ministros, son siete mil y por ello, le restó importancia a la trascendencia de ese colectivo.

Procuración
En otro orden, sobre la propuesta del Ejecutivo para que sea el juez Daniel Rafecas quien encabece la Procuración General de la Nación (PGN), Garrigós de Rébori estimó que ese organismo «no es agua mansa» y que en él «se trata de poder manejarse políticamente más que jurídicamente».

La camarista renunció en febrero de 2018, para jubilarse. En esa oportunidad, sostuvo que la situación del Poder Judicial era “dramática”.

Justicia Legítima, el grupo que lideró junto a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, surgió durante el kirchnerismo, al cual respaldó.

Es una agrupación crítica de las asociaciones tradicionales de magistrados, y ofició de aval académico-judicial para las leyes de democratización de la Justicia que impulsó Cristina Fernández Kirchner, en 2013.

Garrigós de Rébori enfrentó varias polémicas públicas por su alta exposición.

Durante el Gobierno de Fernández de Kirchner, respaldó a la ex mandataria y actual vice para apartar a Carlos Fayt del Máximo Tribunal de la Nación. «Tenemos que estar en funciones mientras estemos en condiciones de cumplir la tarea. Fayt debería exhibir que está en condiciones de cumplir la tarea. Tiene 97 años, en cualquier empleo normal se constataría. Nosotros tenemos cargos vitalicios, sin controles, pero cuando es un poder del Estado es un poder de to-
dos», dijo en ese entonces.

Dos por uno
En 2017 reclamó la renuncia de los tres jueces de la Corte Suprema que validaron el cómputo de dos por uno de su condena al represor Luis Muiña, pero la prensa no tardó en recordar que ella había votado a favor de aplicar el beneficio para Raúl Guglielminetti, el espía del Ejército que operaba en el centro clandestino «Automotores Orletti».

Durante la administración de Mauricio Macri, Justicia Legítima bajó su perfil. Ahora, varios de sus referentes fueron nombrados por el presidente Alberto Fernández en distintas áreas.

Un caso es el de la fiscal en lo Criminal y Correccional porteña Cristina Caamaño, designada interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por el plazo de 180 días.

En su nuevo rol, la funcionaria deberá elevar a consideración del mandatario una propuesta de reformulación del Sistema de Inteligencia Nacional, que garantice la «producción de información de calidad y oportuna” para la seguridad interior, la defensa y las relaciones exteriores, así como reducir “la actividad confidencial al mínimo necesario”.

Caamaño, actual presidenta de Justicia Legítima, tiene cierta experiencia en el área de inteligencia. Durante la gestión de Gils Carbó dirigió el Departamento de Intercepción y Captación
de las Comunicaciones (Dicom).

En la última etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con la modificación de la ley nacional de inteligencia, las escuchas fueron transferidas al Ministerio Público Fiscal y Caamaño tomó el mando.

Con la llegada de Macri a la Casa Rosada poder, vía DNU, aquéllas pasaron a ser manejadas por el Poder Judicial y Caamaño objetó el cambio; especialmente, cuando se conocieron los primeros audios de la ex presidenta hablando con Oscar Parrilli.

En la campaña, las declaraciones de Caamaño generaron polémica, ya que pidió reformar la Constitución Nacional, en línea con las propuestas del ala dura del kirchnerismo.

Caamaño ya fue funcionaria y persona de máxima confianza de Nilda Garré, con quien compartió el ministerio de Seguridad entre 2010 y 2013.

La frase
Sobre la propuesta del Poder Ejecutivo para que sea el juez Daniel Rafecas quien encabece la Procuración General de la Nación (PGN), Garrigós de Rébori estimó que ese organismo «no es agua mansa» y que «ahí se trata de poder manejarse políticamente más que jurídicamente».

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