Pago extrajudicial del empleador no cancela acuerdo laboral

En un arreglo de partes, un juez de Conciliación de Villa María denegó valor a un recibo informal que el primer abogado del trabajador le extendió a la patronal. [privado] Al no otorgarle valor cancelatorio alguno a un recibo informal, pese a que la firma inserta en él correspondería al actor -tal como surgió de la pericia caligráfica-, y debido a que el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) destruye las consecuencias jurídicas de lo que se abona de manera privada y voluntaria, como lo hizo el deudor, la Justicia Laboral de Villa María rechazó la excepción de pago opuesta por el demandado, quien sostenía haber entregado el dinero al abogado primigenio del accionante. Respecto de una deuda laboral de $5.000, el actor Walter Bustos y el accionado Esteban Camandone acordaron el pago de cinco cuotas iguales y consecutivas, a efectivizarse por depósito judicial. La primera, de $1.000, se abonó según lo convenido. Además, Bustos reconoció haber percibido otros $2.000 imputables al entendimiento judicial referido, siendo el objeto a resolver la procedencia de la ejecución planteada, punto sobre lo cual el demandado opuso la excepción de pago afirmando que lo realizó mediante entrega de dinero en forma privada al abogado originario del actor, acompañando recibos no oficiales. El juez de conciliación laboral de Villa María, Marcelo Salomón, señaló que “se debe observar que el artículo 277 de la LCT establece textualmente: ‘Todo pago que deba realizarse en los juicios laborales se efectivizará mediante depósito bancario en autos a la orden del Tribunal interviniente…’ y que en su tercer párrafo determina: ‘Todo pago realizado sin observar lo prescripto y el pacto de cuota litis o desistimiento no homologados, serán nulos de pleno derecho”. Bajo esa premisa, se indicó que “la norma taxativa y específicamente determina la nulidad de pleno derecho de los actos realizados en incumplimiento a su mandato” y que “el precepto legal busca proteger al trabajador (titular de un crédito) de los diferentes manejos, negociaciones o interferencias que pudiera sufrir por parte de sus abogados, sus ex patrones o sus familiares en la gestión y percepción de su acreencia”. Por ello, el magistrado determinó que “observando las constancias de la causa, claramente se puede vislumbrar que el demandado –por decisión propia y sin argumentar ninguna razón excepcional o extraordinaria- adoptó como forma de cancelación el pago en forma privada a través de quien fuera el abogado patrocinante del trabajador”. Sobre lo cual el magistrado agregó que “más allá del irreverente actuar del letrado originario del trabajador, quien ha demostrado tener un esquivo derrotero profesional (ejemplo: peticionar la ejecución del acuerdo por falta de pago y posteriormente presentar recibos suscriptos por el actor que obraban en su poder, los que están fechados con anterioridad al pedido de ejecución originariamente cursado), la prueba colectada determina que no se ha abonado como prescribe la ley y como de común acuerdo las partes lo pactaron”. Finalmente se concluyó que “ningún valor cancelatorio puede tener en el presente proceso la prueba documental acercada a la causa (informal recibo de pago) como su correlato (dictamen pericial caligráfica), pues -como ya se dijo- la ley fulmina de efectos jurídicos tal actuar (pago privado) deliberadamente elegido por el deudor” añadiendo que “para el Tribunal, adoptar esta postura significa una obligación ineludible de tutela al trabajador y a sus créditos legítimamente obtenidos”. Autos: Bustos c/Camandone

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