ESCUCHAREl fiscal Marcelo Colombo rechazó que se suspenda el juicio por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA a través del denominado Pacto con Irán, tal como pidieron, entre otros, los procesados Cristina Fernández de Kirchner y Carlos Zannini.
Se trata de la causa que comenzó con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.
Ahora, el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8), integrado por José Michilini, Gabriela López Íñiguez y Daniel Obligado, deberá resolver.
En la audiencia, Colombo solicitó el rechazo de las nulidades reclamadas por las defensas de los encausados y sostuvo que un pronunciamiento antes de que comience el debate sería “prematuro”.
Argumentó que la implicancia de los hechos investigados «impone avanzar rápidamente a la instancia de debate para que sea allí, con la publicidad y amplitud probatoria que garantiza, se resuelvan definitivamente las imputaciones”.
Paralelamente, consideró que no está probado que los ingresos a la Quinta de Olivos y la Casa de Gobierno de los camaristas de la Casación Penal Federal Gustavo Hornos y Hernán Borinsky durante la presidencia de Mauricio Macri tengan relación con sus decisiones en el marco del expediente.
“El parámetro de las visitas y la especulación de guarden relación con decisiones vinculadas al objeto procesal de este expediente resulta insuficiente”, alegó el fiscal.
Cabe recordar que la pesquisa comenzó tras la denuncia que presentó Nisman en enero de 2015, días antes de ser hallado sin vida en el baño de su departamento de Puerto Madero.
En otro expediente, la Justicia sostuvo que el ex titular de la UFI-AMIA fue víctima de un homicidio y que se debía investigar si ello tenía relación con su denuncia contra la por entonces presidenta de la Nación.
El 7 de diciembre de 2017, el juez Claudio Bonadio pidió el desafuero y prisión preventiva de Fernández Kirchner, mientras era senadora.
La procesó por traición a la patria y encubrimiento agravado.
Según se sospecha, la actual vice mandataria y varios de sus funcionarios diseñaron un plan para blindar la e impunidad de los ciudadanos iraníes responsabilizados de la voladura de la mutual judía. Durante la instrucción del caso se estableció que el acuerdo buscó que aquéllos pudieran sustraerse de la acción de la Justicia.
La causa fue elevada a juicio oral en 2018, y quedó radicada en el TOF 8.
Los planteos de los procesados generaron retrasos. El senador Oscar Parrilli fue le primero en pedir la nulidad del proceso. Lo hizo después de que Ana María Figueroa, una de las camaristas de la Casación Federal que intervino en la causa, hablara de supuestas presiones del Ejecutivo durante la gestión de Macri.
