ESCUCHARTal como se preveía, Carlos Alberto Vega, el ex “administrador” del centro clandestino de detención de La Perla, condenado el año pasado a 18 años de prisión, resultó beneficiado con el arresto domiciliario y en los próximos días dejará la cárcel de Bouwer.
La decisión se hará operativa tras el fallo de la jueza federal Nº 3, Cristina Garzón de Lazcano, quien autorizó la salida y el traslado del condenado a Mendoza, donde permanecerá cumpliendo la pena en el domicilio de su hijo, Carlos Germán Vega.
La autorización para que Vega abandone Bouwer fue tomada oportunamente por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, en virtud de que la sentencia que lo condenó el año pasado junto a otros ocho represores no está firme.
Entre los fundamentos de su disposición, Garzón de Lascano destacó la postura asumida por el Ministerio Público, que no se opuso al arresto domiciliario del represor.
Además de la edad del detenido -79 años-, la magistrada consideró que no existe peligro de fuga y que su salud está muy deteriorada.
“Su estado de salud presenta un catálogo de enfermedades y problemas que también contribuyen a que la posibilidad de fuga no sea previsible: tiene dificultades para el desplazamiento, cáncer de mama, diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, insuficiencia venosa en miembros inferiores, adenoma de próstata, glaucoma, entre otras, las cuales “requieren tratamiento médico y farmacológico” , destaca la resolución.
Marcha
Cabe recordar que hasta ahora, el único de los ocho condenados en la causa Brandalisis que obtuvo la prisión domiciliaria es Hermes Rodríguez (actualmente en Mendoza), mientras que Luciano Benjamín Menéndez le seguirá los pasos una vez que se resuelva su situación en dos causas de la Justicia federal de San Juan.
La novedad del arresto domiciliario a Vega surge cuando está a punto de cumplirse un año del comienzo del primer juicio por la represión en Córdoba durante la dictadura, iniciado el 27 de mayo de 2008 por el Tribunal Oral Federal Nº 1.
En este marco, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos realizará hoy una marcha a Tribunales Federales para repudiar la decisión de Garzón de Lascano.
