ESCUCHARLa última resolución de la dependencia que conduce Alejandro Marmoni incluye la cesión de 4.477 hectáreas. Se suma a otra que ya había cedido más de 20 mil. El proceder del Gobierno nacional fue repudiado por la oposición, que apunta al fondeo del organismo y a varias anomalías
La semana pasada, el Gobierno nacional reconoció la “ocupación actual, tradicional y pública” de la Comunidad Lof Limay Kurref, perteneciente al pueblo mapuche, en la provincia de Mendoza.
La medida se concretó con la resolución 47 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) dependiente del Ministerio de Justicia, a cargo de Martín Soria.
Entre otros aspectos, en los considerandos de la manda se indica que el artículo 18 del Código Civil establece que “las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad” de las tierras que “tradicionalmente ocupan” y de otras “aptas y suficientes para el desarrollo humano” según lo establezca la ley, de conformidad con el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional.
También se sostiene que el Estado nacional, en el marco de “sus políticas publicas indígenas”, cree que es “absolutamente necesario” relevar y demarcar las tierras que ocupan aquellas comunidades “para generar las condiciones tendientes a la instrumentación y efectivización” de su reconocimiento constitucional.
Además, se cita que, con el fin de manifestar la “íntima relación de la Comunidad Lof Limay Kurref con su territorio”, se elaboró un informe histórico-antropológico.
El otorgamiento de más de 4.400 hectáreas de tierras fue repudiado por el arco político de la provincia cuyana.
El ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez Rosaz, fustigó la decisión y afirmó que su validez es nula. “El análisis tiene que ser completo. Debe abarcar lo jurídico, lo institucional, lo histórico”, consideró el funcionario en diálogo con Radio Mitre Mendoza. Además, dijo: “Mapuches en Mendoza no hay”.
Ibáñez Rosaz adelantó que esa Provincia va a cuestionar “fuertemente” la resolución.
Activos económicos
En tanto, el gobernador Rodolfo Suárez expresó su malestar en las redes sociales y acusó a la administración de Alberto Fernández de entregar “activos económicos de Mendoza”.
“Amanecimos con una nueva Resolución del INAI. Más terrenos de propiedad privada fueron cedidos a ‘mapuches’, uno en el ingreso a la Ruta 222, que nos lleva a Las Leñas, y otro frente a la Laguna de la Niña Encantada. Son 4.477 hectáreas, donde también existe actividad petrolera”, escribió Suárez.
“El Gobierno nacional está entregando además de tierras activos económicos. Los mendocinos exigimos explicaciones a los responsables de esta falta de institucionalidad. Sin dudas iremos hasta las últimas instancias para detener este atropello”, sumó.
Por su parte, Alfredo Cornejo, ex gobernador de Mendoza y actual senador por la UCR, sostuvo, también en sus redes sociales: “Es increíble lo del INAI, no atendieron el reclamo del Gobierno de Mendoza y ahora entregaron nuevas tierras en Malargüe, a supuestas comunidades mapuches”.
En su descargo vía Twitter, Cornejo agregó: “Además de la excelente ubicación que tienen, ya que ambos terrenos se ubican en plena zona turística de Malargüe, en los dos lugares hay actividad petrolera. Es decir que un Instituto Nacional, que depende de un Ministerio, está decidiendo sobre recursos de Mendoza”.
San Rafael y Malargüe
Cabe recordar que la última medida dispuesta por el INAI se dictó luego de la entrega de más de 21.500 hectáreas a dos comunidades mapuches mendocinas que reclamaban reclamaban reconocimiento postulando su “presencia ancestral”: El Sosneado, de San Rafael, y Suyai Levfu, de Malargüe,
Cornejo fue uno de los primeros dirigentes que cuestionó la cesión. «¿Hasta cuándo van a seguir haciendo daño el Gobierno de Fernández y el kirchnerismo en el sur de Mendoza?”, posteó.
Además, juzgó que durante años aquella fuerza obró con “desidia” en la Patagonia en materia de seguridad, “protegiendo a grupos que dicen ser descendientes de pueblos originarios y que someten los principios de libertad y propiedad privada”.
Por lo pronto, Suárez adelantó los pasos que tomará su Administración en contra de la resolución dispuesta por el organismo que conduce desde diciembre Alejandro Marmoni. Así, detalló que presentó una solicitud a la Asesoría de Gobierno y a la Fiscalía de Estado para que las resoluciones nacionales se declaren inconstitucionales.
“Si no le damos la seriedad y la institucionalidad que el tema merece, alejándonos de los discursos fanáticos, vamos a tener estos grupos exigiendo la entrega de propiedades en toda Mendoza”, concluyó Suárez en su descargo.
Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, respaldó la iniciativa de su par mendocino y consideró que el proceder el INAI es “un atropello a la soberanía nacional”.
“El Gobierno entregó miles de hectáreas a pseudomapuches en Mendoza. Los mismos que incendian y siembran la violencia en la Patagonia, hoy son premiados”, lamentó el presidente de la UCR.
Ahora, la diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical) presentó un proyecto pidiendo que se cite al Legislativo a Marmoni para que explique “por qué se violó la Ley 26160” con la adjudicación de 25 mil hectáreas “en forma unilateral y sin consulta” con las autoridades de de Mendoza.
“Es una vergüenza la gestión del IAI en Argentina. Necesitamos que su presidente informe urgente en el Congreso”, reclamó.
“Mendoza no es una excepción. Es más bien la regla. No es la primera vez que el INAI es acusado de negligencia, arbitrariedad y mal desempeño. Son años de incumplimientos reiterados”, disparó Carrizo.
Ley 26160
En 2006, el Congreso Nacional sancionó la ley 26160, que declaró la emergencia en materia territorial de las comunidades indígenas originarias del país por el término de cuatro años.
La norma fue prorrogada sucesivamente sin rendición de cuentas en el Legislativo. La última fue mediante un DNU, en noviembre del año pasado, que extendió su vigencia hasta fines de 2025.
El decreto asignó un presupuesto extra de 290 millones de pesos por año para hacer relevamientos y estipuló que se deber concretar con la intervención del Estado provincial.
“La ley de emergencia para relevar las comunidades originarias tiene 17 años. Ya van ocho informes de la Auditoria General de la Nación que advierten los problemas de este organismo, pero pasan los gobiernos y la ley se prorroga sin que el INAI rinda cuentas en el Congreso. Nunca lo hizo en todos estos años”, planteó Carrizo.
“Desde 2021 venimos pidiendo que lo haga, porque ese año vencía la Ley 26160; no ocurrió. Entonces, el presidente terminó prorrogándola por DNU, sin debate ni evaluación. En 2022, exigimos que, cumpliendo el mismo DNU, el INAI informe el avance de los relevamientos en las tierras. Tampoco ocurrió y en agosto renunció la titular. El organismo estuvo acéfalo por meses hasta fin de año. Y ahora vemos que la nueva gestión, en vez de resolver conflictos, sigue la misma línea que la gestión anterior de Magdalena Odarda, los genera y multiplica”, enfatizó.
“Cambian las autoridades, se prorroga una ley sin debate y los conflictos continúan. La mala gestión del INAI es total. Necesitamos que una voz institucional informe en Diputados. Sobran proyectos pidiendo esto; debería el presidente incluirlos en las sesiones extraordinarias para evitar que sea una convocatoria fantasma”, concluyó.
Un veintena de diputados de Juntos por el Cambio acompañó la iniciativa de Carrizo; entre ellos, Martín Tetaz, Pablo Torello y Marcela Campagnoli.
Villa Mascardi
Cabe recordar que el septiembre del año pasado más de 20 legisladores de Juntos por el Cambio pidieron citar a la por entonces máxima autoridad del INAI para que aportara datos sobre un nuevo ataque ocurrido en Villa Mascardi, Río Negro, a una casilla de Gendarmería Nacional por parte de un grupo de personas pertenecientes, presuntamente, a una agrupación mapuche.
Reclamaron que explicara qué medidas tomaba el Gobierno nacional en relación a los conflictos territoriales vinculados a pueblos indígenas de Argentina.
Recordaron que el 23 de noviembre de 2021 el Gobierno decidió extender por cuarta vez la vigencia de la legislación mientras el Congreso debatía su prórroga y apuntaron al presupuesto extra.
Después de otro episodio de violencia en la Patagonia, los legisladores se preguntaron si cabía renovarle el presupuesto a la INAI.
“¿Cómo sostener el pedido de recursos si no hay rendición de cuentas?”, se preguntaron.
En ese momento, hacía poco más de un mes que había dimitido Odarda y aún no se había oficializazo la designación de su reemplazante, Analía Noriega, cuyo paso por el organismo fue fugaz: se fue en noviembre pasado.
“Necesitamos que una voz institucional del INAI informe en Diputados cómo está administrando el dinero público. No puede ser que tengamos que esperar a que se vuelva a vencer el régimen de la Ley 26160 para debatirlo cuando los conflictos están aumentando”, concluyeron Carrizo, Tetaz, Torello, Campagnoli, Rodrigo de Loredo, Graciela Ocaña y Sabrina Ajmechet, entre otros.
