Organizaciones piden que se active la Defensoría del Niño de la Nación

MARISA GRAHAM. La abogada debe ser ratificada por el Senado.

En julio de 2019, la Cámara de Diputados confirmó en el cargo a Marisa Graham, pero está pendiente el aval del Senado. Los sectores pro vida cuestionan a la funcionaria por su postura favorable al aborto

Infancia en Deuda le reclamó al presidente Alberto Fernández que incluya la ratificación de la funcionaria designada para desempeñarse como Defensora del Niño entre los temas a tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso.

Cabe recordar que tras un concurso público de antecedentes y oposición, en abril del año pasado la Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por unanimidad, elevó para su aprobación las designaciones de Marisa Graham.

La Cámara de Diputados confirmó la medida en junio, pero está pendiente el tratamiento y refrenda por parte de la Cámara Alta.

Ahora, las organizaciones que integran la coalición Infancia en Deuda le enviaron una nota al primer mandatario y a su jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero.

El grupo apuntó a la “necesidad ineludible” de contar con una Defensoría que “exija y controle las políticas públicas destinadas a la infancia” y que “asegure el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia en condiciones de igualdad” ante la gravedad de la crisis económica y social.

Según la ley 26061, el Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes debe promover acciones para la protección de los intereses difusos o colectivos de aquéllos “en cualquier juicio, instancia o tribunal”.

También está obligado a velar por el efectivo respeto de sus derechos y garantías y a promover medidas judiciales y extrajudiciales e “incoar acciones” para la aplicación de sanciones por infracciones a normas protectorias.

Además, tiene que supervisar las entidades públicas y privadas que se dediquen a la atención de niñas, niños o adolescentes y denunciar ante las autoridades competentes cualquier irregularidad.

La postura de la nueva defensora con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo generó críticas de los sectores pro vida. Valores para mi País, encabezado por Cynthia Hotton, declaró que Graham le negará “el derecho a la vida a los más vulnerables”.

En esa línea, el partido emitió un documento en el cual alega que la comisión que la eligió “está viciada de una mayoritaria aversión contra la ley vigente y la Constitución Nacional, así como también de parcialidad ideológica”; ello así, porque aunque sus integrantes son de diversos bloques, ocho de sus diez miembros votaron a favor de liberar el aborto sin causa.

Comisión

La Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes se activó en julio de 2017, cuando aprobó su reglamento interno.

El cuerpo tomó nota del fallo que dictó la jueza en lo Contencioso-administrativo Claudia Rodríguez Vidal, quien en marzo de aquel año admitió el amparo presentado por fundaciones y asociaciones civiles y exhortó las dos cámaras del Congreso de la Nación a iniciar el proceso de designación del funcionario.

Cabe recordar que la ley 26061, que creó la figura, establecía un plazo de 90 días para la tarea y venció el 1 de febrero de 2006.

Cuando contestaron la demanda, las accionadas alegaron que el planteo era extemporáneo y que “numerosos organismos estatales y organizaciones internacionales” se ocupan de la defensa de los derechos e intereses de los niños.

También señalaron que el Poder Judicial de la Nación cuenta “con una eficiente y reconocida oficina” que se dedica exclusivamente a la atención de cuestiones vinculadas con la violencia doméstica y la asistencia familiar, cuya intervención es anónima y gratuita, y que, en definitiva, la designación del defensor era “una cuestión sustancialmente política” que sólo podía resolverse por medio de los mecanismos parlamentarios.

La sentenciante desestimó esas razones y valoró que en el caso se daban todos los requisitos para la admisión del amparo colectivo, en tanto había “un hecho único, susceptible de ocasionar una lesión a una pluralidad de sujetos”.

“El incumplimiento del precepto normativo configura una omisión que lesiona el sistema de protección integral diseñado en la ley 26061, con la consiguiente afectación de derechos”, aseguró la magistrada, quien aclaró que la existencia de otras instituciones no rebatía ese argumento.

“No se acreditó la existencia de una cuestión política no justiciable”, estableció.

Graham es especialista en derecho de familia. Trabajó en la dirección del área de Niñez y Adolescencia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También tuvo varios cargos durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner.

 

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