Ordenan resarcir a un trabajador de EPEC desvinculado después de que sufrió un ACV

La demandada planteaba que era arbitrario tener que pagar una bonificación por jubilación y una indemnización por cese relacionado con la incapacidad del empleado, pero la Justicia entendió que son dos normas que regulan situaciones diferentes y que no puede avanzar la función jurisdiccional sobre lo legislado

Después de rechazarle a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) el planteo de inconstitucionalidad del artículo 212, 4º párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), la Sala 5ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba ordenó indemnizar a un trabajador de esa empresa, desvinculado por la incapacidad por haber padecido un accidente cerebro-vascular (ACV). Asimismo, el tribunal rechazó la defensa de la demandada de compensar este resarcimiento con la bonificación por jubilación del convenio colectivo de trabajo (CCT) del gremio Luz y Fuerza.

El tribunal integrado por el vocal Alcides Ferreyra analizó que, a los fines de la procedencia de la indemnización prevista en el artículo de la LCT antes referido, es necesario que quien la reclama acredite que la ruptura del vínculo laboral ocurrió por la imposibilidad absoluta y permanente de prestar servicios, para lo cual resulta necesario acreditar dos requisitos: la incapacidad absoluta y que esa incapacidad haya sido la causante de la finalización de la relación laboral.

Peritaje

El vocal indicó que el peritaje médico oficial concluyó que el actor porta una incapacidad de 70% como secuela del ACV sufrido en 2015 y que tiene como patologías, amén del accidente, hipertensión con secuelas de moderadas a severas; hemiparesia faciobraquiocrural; lentitud en el pensamiento y en la memoria; taxia y praxia disminuidas y neurosis depresiva grado III.

Además, destacó que el experto constató que la incapacidad genera la necesidad constante de una persona para poder desempeñar tareas habituales y neurorehabilitación permanente, destacó que ese grado de minusvalía concuerda con el dado por la junta médica de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, y que resta determinar si aquélla fue la causa del cese laboral.

Luego de valorar la prueba, el magistrado concluyó que fue claramente establecido que el actor padece de una incapacidad absoluta para trabajar, que la minusvalía estuvo presente al momento de resolverse el vínculo laboral y que fue la causa del distracto, con lo que se cumplen los requisitos antes mencionados, lo que lleva admitir la acción por el rubro reclamado.

Compensación

En cuanto a la compensación pretendida por la accionada en su responde, teniendo en cuenta lo abonado en concepto del artículo 10 del CCT 165/75 “E”, el tribunal señaló que no podía prosperar porque, si bien la bonificación convencional se otorga cuando el trabajador obtiene su jubilación, “a todo trabajador que se acoja a los beneficios de la jubilación como así también al derechohabiente del trabajador fallecido en actividad se le acordará al retirarse o a su deceso respectivamente, una bonificación” y que “los beneficios enumerados precedentemente no excluyen a los que legalmente correspondieren”.

Ferreyra subrayó que la norma claramente excluye la posibilidad de compensar, en tanto se tratan de directivas normativas distintas, ya que proviene de la ruptura del vínculo laboral por incapacidad absoluta para trabajar, circunstancia palmariamente acreditada en la causa.

EPEC sostenía que la aplicación del sistema del artículo 212, LCT, determinaría que deba afrontar el pago de una indemnización cuya cuantificación equivale a la indemnización prevista en el artículo 245, de acuerdo con la legislación vigente, por lo cual debería afrontar el pago una suma varias veces millonaria respecto de la cual adeudaría también intereses y probablemente costas judiciales.

Además, la demandada expuso que ya abonó la bonificación prevista para cuando el contrato finaliza, por un monto que al momento de su liquidación ascendía a más de un millón de pesos, así como que por un lapso de dos años inmediatos anteriores a la extinción del contrato le abonó ininterrumpidamente sus haberes, pese a encontrarse imposibilitado de trabajar por razones médicas y hasta que obtuvo la jubilación, por lo que la condena del artículo cuestionado devendría irrazonable.

Jurisprudencia

Con posterioridad a valorar el planteo con análisis de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), el vocal sostuvo que aquél carece de ausencia de demostración específica que permita pronunciarse sobre el pleito concreto sin incurrir en un avance no autorizado sobre la función. Asimismo, consideró que la norma en modo alguno tiene el alcance disvalioso que pretende atribuirle, y agregó que regula una situación especial y distinta.

También subrayó la conclusión del perito médico oficial cuando afirma que el accionante necesita asistencia permanente de otra persona pues, si bien puede bañarse solo, las demás tareas del hogar, en las condiciones que vive, no las puede cumplir, por lo que necesita rehabilitación neurológica permanente.