Ordenan indemnizar a bioquímico contratado por la Municipalidad de Marcos Juárez

El profesional estuvo ligado a la demandada durante varios períodos entre 2003 y 2015. Los jueces resolvieron que se le abone un mes de remuneración por cada año de servicio [privado]

Al considerar que el contrato que unió a la Municipalidad de Marcos Juárez con un bioquímico no se extinguió por la renuncia del profesional sino por la rescisión unilateral dispuesta por el municipio, la Sala Contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) ordenó que se abone al accionante un mes de remuneración por cada año de servicio.

El actor firmó continuos contratos de locación de servicios para la prestación de tareas en el laboratorio de análisis de la Asistencia Pública, desde abril de 2003 hasta julio de 2008.

A partir de agosto de 2008, las partes celebran un contrato administrativo para el desempeño de las mismas tareas, fijándose el pago de una suma mensual en concepto de remuneración, sujeta a aportes y contribuciones, incrementándose en el mismo porcentaje y época en que se otorgaran aumentos al personal municipal, contratación que se renovó de manera continua hasta junio de 2015.

Nota

En el expediente aparece luego una nota suscripta por el accionante y dirigida al secretario de Salud, Bromatología y Medio Ambiente, por la cual decide renunciar a su cargo, no constando fecha ni signos de recepción formal.

Si bien el actor no solicitó la estabilidad en planta permanente, no puede soslayarse su condición de personal contratado por más de 11 años y la normativa aplicable para juzgar la procedencia y el alcance de su indemnización.

En diciembre de 2014 el municipio notificó al profesional que, en uso de una cláusula inserta en el referido contrato administrativo que rescindió el vínculo, lo cual éste rechazó, pidiendo que se aclarara su situación laboral, lo cual fue negado por la demandada.

El TSJ integrado por Aída Lucía Teresa Tarditti, Domingo Juan Sesin y Luis Enrique Rubio analizó que, si bien la accionante no puede invocar a su favor la protección que le confiere el derecho a la estabilidad en el empleo público, sí tutela su situación jurídica como personal contratado la doctrina que, a partir de la interpretación de los alcances del artículo 14 bis de la Constitución nacional ha realizado la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que el propio Alto Cuerpo.

Se consideró que si bien el actor no solicitó la estabilidad en planta permanente, no puede soslayarse su condición de personal contratado por más de 11 años y la normativa aplicable para juzgar la procedencia y el alcance de su indemnización.

A estos fines, el fallo trajo a colación, lo previsto en el artículo 40 de la Ley 7233, modificado por la ley 10173 (BOP 04/12/2013), en la que se establece: "El personal contratado y transitorio, en los términos del artículo 4º incisos c) y d) de la presente Ley, que haya prestado servicios en dicho carácter durante más de un año continuo o discontinuo, tendrá derecho a una indemnización cuando la Administración dé por finalizada su relación laboral, la que será equivalente a un mes de la mejor remuneración percibida durante el último año, por cada año de servicio o fracción superior a tres meses en virtud del contrato en cuestión".

Artículo

La decisión advirtió de que, pese a que el orden municipal no ha previsto una indemnización como la contenida en el precepto transcripto, en virtud del artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, corresponde atender a los principios de leyes análogas y si la cuestión aún fuere dudosa, resulta pertinente resolver por aplicación de los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso.

El TSJ concluyó la determinación de la indemnización a partir de la aplicación de la solución normativa prevista en el actual artículo 40 de la ley Nº Ley 7233 -ley Nº 10173- resulta ser una medida equitativa para reparar los perjuicios irrogados a la actora por la extinción del vínculo jurídico con la municipalidad demandada como personal contratado.

El Alto Cuerpo cuestionó la existencia de la nota con contenido de renuncia presentada por vías no formales, sin fecha cierta ni aceptación fehaciente por parte de la administración municipal advirtiendo que el contrato vigente a la fecha de terminación del vínculo, nada estipulaba relacionado con la renuncia, sino solamente preveía la facultad reservada de la contratante-municipio para rescindir el contrato.

Facultad

Los vocales subrayaron que la omisión de regular la facultad de extinguir el vínculo por parte del contratado y que el Estatuto del Empleado es aplicable al personal no permanente en todo lo no previsto en el contrato, se imponía a la cámara el tener presente el artículo 56 transcripto para valorar la incidencia de la renuncia informalmente presentada por el actor.

En tal sentido, se remarcó que la demandada, en el decreto Nº 138 de mayo de 2015 fundó el rechazo del reclamo indemnizatorio del actor solo en la afirmación de que incurrió en un error al rescindir el contrato administrativo oportunamente celebrado, ya que con posterioridad a la desvinculación, se encontró la renuncia al cargo efectuada por el actor.

Finalmente, el TSJ indicó que no era de recibo la postura de la municipalidad cuando entiende que la rescisión era abstracta, “ya que la renuncia careció de efectos para extinguir el vínculo atento a que no fue aceptada fehacientemente, a lo que sumó que el actor continuó trabajando hasta que se le notificó la voluntad administrativa de concluir el contrato”.