La justicia salteña ordenó a la Municipalidad de la ciudad capital de Salta brindar información ambiental pública, como corolario del planteo efectuado -sin éxito- por el procurador de esa provincia, Pablo Viñals, a las autoridades comunales. El funcionario había hecho la intentona durante junio y julio pasados sin obtener respuesta.
Sobre los datos en cuestión, el juez Marcelo Domínguez explicó que pesaba sobre el Estado “la obligación de producirlos y la de ponerlos a disposición de la sociedad”.
El magistrado, que integra la Sala III de la Cámara en lo Civil y Comercial de la provincia norteña hizo lugar a una acción de amparo promovida por Viñals y le otorgó al municipio demandado un plazo de 30 días para que acate el fallo y cumpla la orden judicial.
El tribunal añadió que la falta de contestación al requerimiento del procurador fue “injustificada”, por cuanto ello implica “un desconocimiento al derecho de acceso a la información ambiental”, subrayando que la dilación “sirve para calificar de manifiestamente arbitraria la falta de respuesta de la demandada”.