Ordenan el dictado de un nuevo fallo que contemple eventual daño ambiental

La Corte Suprema hizo lugar al recurso de queja interpuesto por Juvevir Asociación Civil en contra del decisorio que autorizó a la empresa APR Energy SRL a emplazar una usina en la localidad bonaerense de Pilar

El caso se inició con la acción preventiva de incidencia colectiva interpuesta por aquella entidad en contra de APR Energy SRL, responsable de la instalación y operación de la central termoeléctrica. [privado]

La actora reclamó que cesara la construcción de ésta hasta que se diseñe un sistema sustentable de generación eléctrica o se modifique su localización, para cumplir con la normativa vigente en materia ambiental.

El Juzgado Federal de Campana hizo lugar a la cautelar solicitada y le ordenó a la empresa que suspendiera la construcción, los ensayos de prueba y el acopio de combustibles. También le prohibió el uso de las aguas subterráneas o de la red pública y el vertido de efluentes líquidos.

Sin embargo, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín revocó el decisorio y desestimó la acción intentada por la asociación civil, al entender que la pretensión no constituía un caso en el que debiera intervenir el Poder Judicial, conforme lo establecido en el artículo 11° de la Constitución Nacional (CN).

Sostuvo que los demandantes debían acreditar la existencia de un riesgo cierto de que el daño se produzca o de que se agrave el ya producido, y descartó que bastara la mera invocación de un temor hipotético o eventual.

Agregó que no podía soslayarse que el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) estableció que la ejecución de la obra quedaba condicionada al estricto cumplimiento de los requisitos detallados en el anexo 1 de la resolución 69/17; que la autoridad del agua local indicó las exigencias que debían cumplirse para llevar a cabo el proyecto y que el Concejo Deliberante del municipio de Pilar le requirió a APR Energy SRL que realizara diversas tareas.

Para la alzada, esas constancias demostraban que la central termoeléctrica todavía no se encontraba habilitada para funcionar.

Ante ello, la asociación civil dedujo recurso extraordinario que, al ser denegado, motivó el recurso de queja ante la Corte.

En su presentación, la organización señaló que la cámara prescindió de la legislación aplicable y omitió valorar los antecedentes fácticos que motivaron su planteo.

Agregó que al demandar ofreció medios de prueba suficientes para acreditar la amenaza de daños ambientales, muchos de los cuales no llegaron a producirse por la decisión de la cámara.

Asimismo, señaló que tanto en el procedimiento llevado a cabo en el ámbito provincial, que culminó con la expedición del certificado de aptitud ambiental, como en el desarrollado en el municipio de Pilar con el objeto de establecer un cambio de zonificación, ocurrieron numerosas irregularidades, tales como la ausencia de participación ciudadana y la falta de categorización de la empresa en los términos de la ley provincial 11459 (de Radicación Industrial).

También denunció que el emprendimiento se emplazó en una zona residencial y que no se realizó el pertinente estudio de impacto ambiental.

La accionante señaló que la sentencia desvirtuó la garantía del artículo 41 de la CN, al tornar ilusorio el derecho al goce de un ambiente sano y equilibrado; ello así, porque hay grave riesgo de daño ambiental por la inadecuada ubicación de la central y por el indebido uso del recurso hídrico subterráneo pues, según expuso, la firma proyecta consumir 2.881.000 litros de agua por día, extraídos del acuífero Puelche, a los que debía sumárseles los 2.184.000 litros diarios que demandará la operación de la Central Matheu I, circunstancia que pone en riesgo la calidad y disponibilidad de agua potable para un importante sector de la población.

Al analizar la cuestión, la procuradora fiscal Laura Monti le dio la razón a la asociación civil en lo relativo a que la sentencia de la Sala II omitió el tratamiento de cuestiones ya introducidas, con el desconocimiento de las constancias relevantes para la causa. Después de reseñar las decisiones adoptadas por los organismos provinciales, argumentó que la cámara no consideró el riesgo de daño irreversible al medio ambiente que podría ocasionar la realización de la obra y la ejecución del proyecto a raíz de las irregularidades que denunció la actora.

“Desentrañar tales hechos deviene indispensable a los fines de resguardar el medio ambiente e impedir su degradación futura”, opinó.

En tanto, destacó que “en cuestiones de medio ambiente, cuando se persigue la tutela del bien colectivo consagrado en la CN, tiene una prioridad absoluta la prevención del daño futuro”.

“La mejora o degradación del ambiente beneficia o perjudica a toda la población porque es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual, y de allí deriva la particular energía con que los jueces deben actuar para hacer efectivos estos mandatos constitucionales”, añadió.

Finalmente, opinó que la sentencia recurrida incurrió en una “autocontradicción evidente” al sostener que los actores omitieron probar un riesgo cierto de que el daño alegado se produzca o de que se agrave el ya producido. “Al desestimar la acción en una instancia anterior a que la causa sea abierta a prueba, cercenó la posibilidad de que los propios recurrentes, a través de los diferentes medios ofrecidos, puedan probar, lo que comporta un exceso ritual manifiesto”, valoró.

“El pronunciamiento apelado no sólo resulta contradictorio sino que también mengua el derecho de defensa de los actores, quienes, por esa decisión, se vieron privados de producir la prueba oportunamente ofrecida”, expuso en ese sentido.