Opinan que son válidas las resoluciones que modificaron el funcionamiento de los liceos militares

La fiscalía dictaminó que debe revocarse la sentencia que las declaró inaplicables. El a quo había entendido que vulneran el derecho de participación en cuestiones vinculadas con la conformación de los centros de estudiantes, el uso de armas, la enseñanza religiosa y las condiciones de acceso a la reserva nacional

El titular de la Fiscalía General ante las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y Contencioso-administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, dictaminó que debe revocarse la sentencia que declaró la nulidad de la resolución 191/20 del Ministerio de Defensa y de los artículos 6 al 10 de otra norma (255/20), que dispusieron distintas modificaciones en el funcionamiento de los Liceos Militares.

A diferencia del a quo, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) interpreta que las mandas no afectaron los derechos de los menores de edad que concurren a aquellas instituciones.

Cuesta entiende que son coherentes con las obligaciones que surgen de distintas normas, con la posición de los liceos militares dentro del sistema educativo y con las competencias de las autoridades administrativas.

En plena pandemia, Defensa dispuso la creación de centros de estudiantes en el ámbito de los liceos militares.

También modificó las prácticas con armas de fuego de los cadetes y las condiciones de su incorporación a la reserva de las Fuerzas Armadas. Además, incluyó una asignatura sobre problemáticas ciudadanas contemporáneas y suprimió las materias que tuvieran contenido religioso.

Amparo

Un grupo de padres de alumnos que asisten a distintos liceos promovió una acción de amparo contra el Estado nacional y el Ministerio de Defensa, para que ambas resoluciones se declararan nulas e inconstitucionales.

El titular del Juzgado en lo Contencioso-administrativo Federal Número 9 admitió el pedido advirtiendo que la cartera no garantizó el derecho de los niños a ser escuchados y estimó que incurrió en un exceso reglamentario al modificar el régimen de reserva de las Fuerzas Armadas.

El decisorio fue apelado por el Estado nacional, lo que motivó la intervención de la Fiscalía General ante las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y Contencioso-administrativo Federal.

En su dictamen, el agente Cuesta sostuvo que aunque el ordenamiento jurídico le otorga a los niños el derecho a ser escuchados en los procedimientos que pudieran afectarlos “su ejercicio, en la práctica, no puede ser extendido ni entendido en forma ilimitada”; en especial, cuando “una aplicación meramente ritual” pueda tener consecuencias negativas para otros menores.

A partir de esta premisa analizó las modificaciones controvertidas. Con relación al establecimiento de los centros de estudiantes, puntualizó que la obligación surge de la ley 26877 y que, al margen de sus particularidades, el liceo militar es un establecimiento educativo sometido a la norma.

También alegó que la normativa cuestionada no postula la eliminación de la instrucción militar, sino la adecuación de las instituciones a las obligaciones y compromisos asumidos por el Estado nacional con relación a los derechos de los cadetes.

Sobre el entrenamiento con armas de fuego, el fiscal General ponderó que la modificación en su uso y la incorporación de simuladores constituye una decisión razonable y que, incluso, se avanzó en ese sentido dentro de las mismas Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Con sustento en informes del Comité de Derechos del Niño, agregó que consultar a los cadetes en cuanto a si si prefieren practicar tiro con un simulador o con un arma de fuego “no se evidencia como una cuestión razonablemente comprendida dentro del derecho a ser oídos” y reiteró que “no es absoluto” porque “debe tomar en consideración la materia en cuestión y el grado de madurez del menor”.

Por otra parte, propició rechazar el planteo de los actores respecto a la supresión de la materia “catequesis”, por cuanto lo pretendido en la acción de amparo no se correspondía con el contenido de los actos cuestionados.

Alegó que, eventualmente, la comunidad académica podrá debatir la inclusión y contenidos de esta asignatura en las jornadas pedagógicas establecidas por el Ministerio de Defensa para discutir el plan pedagógico para los liceos militares y que se evidenciaban también como un ámbito propicio de participación.

A su vez, el agente consideró que, a diferencia de lo indicado por los amparistas, la incorporación en el plan de estudios de la materia “Problemáticas Ciudadanas en la Argentina Contemporánea” responde a los lineamientos establecidos tanto en las Leyes de Fuerzas Armadas y de Educación como por el Comité de los Derechos del Niño.

Finalmente, opinó que no se aprecia un exceso reglamentario en la modificación al régimen de reserva.

A criterio del fiscal, el ministro de Defensa, en ejercicio de sus competencias, “simplemente difirió el momento de ingreso a las filas de la reserva para los alumnos que no concluyan sus estudios siendo mayores de edad, por un lapso limitado”; ello, sin eliminar la posibilidad de ejercer ese derecho, sino “posponiéndolo hasta un momento de la vida al que el ordenamiento jurídico en general” le otorgó “una importancia especial”.

Monserrat

Cuesta citó la sentencia de la Corte Suprema en el caso del Colegio Nacional de Monserrat y concluyó que no existe un derecho adquirido al mantenimiento de los programas curriculares o al de un determinado régimen jurídico, pues el derecho de aprender no comprende el interés de los estudiantes a que los planes de estudios permanezcan inalterables.