ESCUCHAREl defensor de los dos exdirectivos deTrenes de Buenos Aires (TBA) acusados por el choque de trenes de Once el 22 de febrero de 2012 consideró que “el caso está mal instruido desde un principio” y señaló que el juicio debe respetar el “debido proceso”.
“El caso está mal instruido, desde un principio. Las calificaciones no se subordinan a lo ocurrido el 22 de febrero y eso es responsabilidad del Estado, que no pudo encauzar y no vio claramente qué debía investigar”, sostuvo el abogado Mariano Fragueiro Frías.
El letrado inició ayer los alegatos finales de las defensas ante el Tribunal Oral Federal 2 en representación de los dos exdirectivos de TBA, Roque Cirigliano y Pedro Ranieri, dos de los procesados.
“En este juicio a nadie le interesó demostrar si el tren había descarrilado, nadie probó que descarriló y se investigó un delito inaplicable”, agregó el abogado al exponer en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro.
“El accidente de Once fue una verdadera tragedia en toda su dimensión. Los ciudadanos que se trasladaban en esa formación son parte de la patria, pero la tragedia original no puede repararse”, agregó.
El abogado consideró que cuando existen sospechas de que la responsabilidad recae en las personas “es natural que las voces de las víctimas se expresen y retumben en los tribunales y está bien que eso sea así, porque son víctimas y hay que escucharlas”, pero remarcó que el proceso judicial debe respetar el “debido proceso” además del derecho de defensa y obtener una sentencia justa.
“Este Tribunal no necesita demostrar que es independiente, tenemos que tener fe en los jueces, en el Poder Judicial”, consideró al manifestar su desacuerdo con el planteo de una querella referido a la necesidad de condenar para demostrar independencia por parte los jueces.
“Yo defiendo a empleados de TBA que hoy siguen siendo empleados de la nueva administración ferroviaria, no tuvieron ni el manejo ni el cuidado de los bienes, no manejaban fondos”, agregó.
La semana pasada la fiscalía concluyó su alegato final y pidió condenas de hasta casi 11 años de prisión para los exsecretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y el empresario Sergio Cirigliano, mientras que para el maquinista Marcos Córdoba pidió tres años y ocho meses.
El Tribunal escuchará ahora los alegatos de las defensas de los 28 acusados, en el tramo final del juicio.
