Está previsto que comience el 26 de este mes. La defensa de la ex mandataria aduce que no concluyó un análisis contable del cuerpo de peritos de la Corte
La presidenta Cristina Fernández pidió ayer al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) la postergación del inicio del juicio por corrupción en la obra pública durante su gobierno, debido a que, según los abogados de la senadora, no está completa la instrucción suplementaria del juicio. Se trata de un peritaje contable que está realizando el Cuerpo de Contadores de la Corte Suprema, que aún no concluyó.
El juicio tiene fecha de inicio el próximo día 26 y ahora los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Tassara deberán decidir si comienza o lo posterga. Según trascendió, se le pedirá al cuerpo de contadores que informe en qué plazo tiene previsto terminar el trabajo. Si la respuesta es que los contadores entregarán el resultado en un corto plazo, el juicio comenzará en la fecha prevista.
El peritaje es sobre algunas de las obras que están en discusión. Lo que el trabajo busca determinar, entre otras cuestiones, es si hubo sobreprecios.
Primer debate oral
El de la obra pública es el primer juicio oral que debe enfrentar la ex mandataria. Habrá otras 15 personas sentadas en el banquillo. Además de Lázaro Báez, está acusada la cúpula del Ministerio de Planificación Federal: Julio de Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner -primo del ex presidente, preso en esta causa–, Abal Fatala y Néstor Periotti.
En el caso se juzgará si durante la gestión Kirchner el Grupo Austral, de Báez, recibió de manera irregular 52 contratos de obra pública para la Provincia de Santa Cruz por 46 mil millones de pesos.
El juez federal Julián Ercolini procesó y envió a juicio oral a Cristina por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública.
“Me encuentro en condiciones de afirmar que estamos frente a un acontecimiento de gravedad institucional sin precedentes dados los pormenores que componen la maniobra que se le achaca, toda vez que durante los años en los que perduró su mandato, permitió mediante su inacción que las diversas irregularidades que lograron ser desentrañadas y que compusieron una trama criminal de una complejidad inusitada, acaecieran”, sostuvo el juez sobre la ex mandataria cuando la procesó en diciembre de 2016.
Ercolini consideró que la ex presidenta utilizó cinco medios para asignarle de manera directa obra pública a Báez: leyes de presupuestos nacionales, decretos de necesidad y urgencia, decisiones administrativas de los jefes de Gabinete, la implementación del manejo discrecional de los fondos del fideicomiso constituido por el decreto 976/01 y las reasignaciones de partidas presupuestarias para el Ministro de Planificación Federal y la Dirección de Vialidad Nacional.
“Puede decirse que en cada uno de aquellos procederes se advierte una intervención de la ex presidente, que a la luz del estudio integral y objetivo de los elementos de cargo reunidos, no son simples decisiones políticas sino que son determinaciones con miras a lograr el ilícito cometido”, consideró el magistrado, y concluyó: “Se puede concluir suficientemente que Cristina Fernández ejerció un rol preponderante para que la maniobra fuese llevada a cabo”.
También están en etapa de tribunal oral las causas por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, “dólar futuro” y “Los Sauces”. También sería enviada a juicio por el caso Hotesur. Pero a diferencia de la obra pública, estos expedientes no tienen fecha de inicio.