En una carta, un grupo de ejecutivos y profesionales advirtió de que la agenda judicial del oficialismo frenará la inversión privada y le pidió al Congreso que no la trate. Varias entidades ya se pronunciaron en términos similares
Un grupo de empresarios y profesionales suscribió una extensa carta en la cual advirtió de que el posible juicio político a la Corte Suprema frenará la inversión privada y le reclamó al Legislativo que retire el pedido que impulsa el Gobierno.
Entre los ejecutivos que firmaron la misiva figuran Facundo Gómez Minujin (JP Morgan-Amcham), Arturo Acevedo (Acíndar), Cristiano Rattazzi (Fiat), Eduardo Gorchs (Siemens Argentina), Javier Goñi (Ledesma) y Juan Vaquer (Dupont).
También la suscribieron Juan Carlos Cassagne, Máximo Founruge, Cecilia Mairal y Javier Patrón (Estudio Marval), entre otros.
En el texto, plantearon que la Constitución Nacional (CN) es “el pacto social que une a los argentinos” y “el marco en el cual se desenvuelven las actividades que se desarrollan en el país”.
Bajo esa premisa, señalaron que el respeto a la división de poderes y el acatamiento a las sentencias del Poder Judicial son elementos esenciales de aquel marco y “fundamentales para que exista y se mantenga la inversión privada y la creación de empleo, único camino para reducir la pobreza”.
En otro tramo del escrito que difundieron, los firmantes valoraron que iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la Máxima Instancia por desacuerdos con el contenido de sus sentencias, una causa no prevista en la CN, es un “desatino institucional” que pone en duda “cualquier decisión de inversión a largo plazo en Argentina” y poner a ésta “en evidencia negativamente ante los ojos del mundo”
“¿Quién va a invertir en un país que cambia las reglas de juego permanentemente y desconoce los fallos de la Justicia?”, sumaron.
“Los firmantes apelamos a la conciencia y responsabilidad de los diputados para que reflexionen a tiempo, se aboquen a la tarea de abordar los múltiples problemas que aquejan a nuestra población y le eviten a nuestro país un período de turbulencia política injustificada que no contribuye en nada a la solución de dichos problemas”, expresaron en la misiva.
Diciembre
A fines de diciembre, luego de que la Corte resolviera a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que nuclea a firmas como Techint, Arcor y Bagó, entre otras, definió como de “extrema gravedad institucional” la intención expresada por el Ejecutivo de no cumplir un fallo de la Corte.
Antes de que el oficialismo exteriorizara sus intenciones de enjuiciar a los ministros del alto tribunal, la entidad manifestó: “La República se construye sólo sobre el respeto a la institucionalidad establecida en nuestra CN”.
IDEA, en tanto, destacó en un comunicado que una encuesta de la que participaron más de 250 empresarios se citó la “estabilidad institucional” como el principal factor para incentivar la inversión. “El respeto absoluto a los fallos de la Justicia es un pilar de la democracia y, por lo tanto, de la estabilidad en las reglas de juego, que es imprescindible para que aumente la inversión privada y, con ello, el empleo”, sostuvo.
“El anuncio del Poder Ejecutivo que implica el no acatamiento del reciente fallo de la Corte es de una inusitada gravedad institucional y un peligroso precedente para que otros actores decidan cumplir solo con aquellas decisiones que les son favorables”, añadió la entidad que agrupa a empresarios de distintos sectores.
Por su parte, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) consideró que la posición del Gobierno alteraba la división de poderes y traía “incertidumbre e inestabilidad política, jurídica e institucional a un país en el que, quienes invierten y dan trabajo, cada vez tienen menos certezas y garantías”.
“Instamos al Poder Ejecutivo a que acate las decisiones de la Justicia en general y de la Corte en particular, como lo hacen las naciones avanzadas que le brindan a su población un crecimiento digno mediante el respeto real e indefectible de sus Instituciones”, agregó.
En la misma línea, el Foro de Convergencia Empresarial valoró que la anunciada decisión de Fernández de no acatar lo decidido por la Máxima Instancia configura una situación de extrema gravedad institucional.
Juzgó que el primer mandatario “debería mostrar una conducta ejemplar y acatar las decisiones del más alto tribunal” porque “no hacerlo genera un grado inusitado de confusión e incertidumbre, de gravísimas y negativas implicancias tanto en lo económico como en lo social”,
Bajo esa premisa, lo instó a reconsiderar su postura, sin éxito hasta el momento.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) también manifestó su preocupación. “El posible incumplimiento de una sentencia del máximo tribunal es un hecho de enorme gravedad institucional”, aseguró.
La Unión Industrial Argentina (UIA) se sumó al mensaje y destacó “la relevancia de respetar la división de poderes en tanto dimensión fundamental para generar previsibilidad jurídica e institucional”.
Por su parte, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) también fustigaron la postura del Gobierno y la definieron como un “golpe institucional” y argumentaron que el “desafío al orden institucional” que se verificó era “más grave aún” porque era promovido “por un presidente que dice ser un hombre de derecho”.
También vía comunicado, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) rechazó la decisión del Ejecutivo de no acatar lo resuelto por la Corte por implicar “un quiebre institucional del sistema republicano”.
