ESCUCHAREl juez Manuel Maciel (47ª Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba) hizo lugar a la acción de amparo promovida por la Unión Cívica Radical (UCR) contra la resolución de la Legislatura de Córdoba que designó a Mario Decara como Defensor del Pueblo de la Provincia, con un número menor de voluntades que el exigido por la letra de la Constitución provincial (46 votos en lugar de los 47 que conforman los dos tercios del total de legisladores que integran la Legislatura Unicameral).
El magistrado -que ya se había expedido en igual sentido ante el amparo promovido por el legislador Dante Rossi- señaló que con la designación "se restringió el derecho de las minorías –en el presente, de la UCR- cercenándosele la posibilidad de consensuar la designación del funcionario comisionado".
"Se cercenó el ejercicio efectivo de los otros legisladores disidentes, con procedimientos anticonstitucionales por lo que no reunieron el número de votos necesarios para proceder conforme a derecho", remarcó el juez Maciel.
La resolución declara la nulidad e ineficacia por inconstitucional de la resolución que designa a Decara, disponiendo asimismo la nulidad de todos los actos realizados por el ombudsman posteriores a su designación y asunción del cargo. También ordena al funcionario designado abstenerse de ejecutar acto alguno invocando la investidura de Defensor del Pueblo y cesar en sus funciones el día que quede firme la presente resolución.
El fallo agrega que los partidos políticos y, en este caso, la UCR como institución de la democracia, "puede y debe ejercer en todo momento la defensa, no sólo de los derechos de incidencia colectiva, sino el control difuso de la legitimidad de los actos de gobierno (…) pudiendo acudir a la Justicia con el fin de lograr se corrijan los desvíos de poder que considere han ocurrido".
