Según el alcalde neoyorquino Eric Adam, el plan se diseñó para resolver la actual crisis de individuos con padecimientos graves que “se quedan sin tratamiento y sin refugio en las calles”
En Estados Unidos, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció que la administración que encabeza estudia la posibilidad de internar en centros psiquiátricos a las personas sin hogar con trastornos mentales graves, incluso si se oponen.
Según Adams, el plan, que consta de 11 puntos, se diseñó para resolver la actual crisis de individuos con padecimientos de salud mental que “se quedan sin tratamiento y sin refugio en las calles y el metro de la ciudad”.
En lo que va de año, en Nueva York se registraron varios sucesos violentos protagonizados por enfermos mentales. Entre ellos cabe citar el del indigente con un largo historial de problemas mentales que empujó a una mujer a las vías del subte; el del asaltante del MoMA que burló los controles de entrada y apuñaló a varios visitantes y el del tiroteo que dejó una veintena de heridos en un vagón de metro, en abril pasado.
Según Adams, el proyecto se basa en una visión compasiva para abordar la crisis. Explicó que el primer paso será impartir una directiva urgente a la policía, a las agencias de servicios sociales,y a todos los profesionales que participan en la evaluación de personas con indicios de trastornos psiquiátricos, para que reciban la atención que necesitan.
Además, indicó que se les dará formación específica a los agentes de policía y al resto de trabajadores del sistema público que deberán definir la pertinencia de las internaciones forzosas, que podrán concretarse sin la intervención de la Justicia.
Obligación moral
El alcalde afirmó que Nueva York tiene “la obligación moral” de garantizar tratamientos aunque los enfermos se nieguen, y aunque no supongan un riesgo inmediato para sí mismos o para terceros.
Se trata del punto más polémico de la iniciativa, ya que la oficina de salud mental del Estado de Nueva York, en un documento sobre derechos de los pacientes hospitalizados en centros psiquiátricos, establece que la admisión involuntaria de una persona puede llevarse a cabo únicamente en tres casos: si dos médicos certifican que necesita tratamiento, hasta 60 días, que pueden extenderse con autorización judicial; por indicación de los servicios sociales comunitarios o en admisiones de emergencia “por altas probabilidades de causar daños a terceros o a sí misma”.
La propuesta de Adams, un demócrata moderado, apunta a las lagunas de la Ley de Higiene Mental del Estado de Nueva York que, a su juicio, multiplica los desafíos a la hora de satisfacer las necesidades de sus residentes más vulnerables.
Adams calificó como “mito persistente” el criterio legal que exige la existencia de un “acto manifiesto” que demuestre que la persona es violenta, tiene tendencias suicidas o un comportamiento peligroso que pueda provocar un daño inminente.
“Persiste el malentendido común de que no podemos prestar asistencia involuntaria a menos que la persona sea violenta”, dijo. “Hay que acabar con este mito. En el futuro, haremos todo lo posible para ayudar a quienes padecen enfermedades mentales y cuya enfermedad les pone en peligro al impedirles satisfacer sus necesidades humanas básicas”, acotó.
Por lo pronto, la ciudad dará instrucciones a los hospitales para que retengan a los pacientes internados a la fuerza hasta que estén estables, que solo recibirán el alta cuando haya un plan viable en relación a su seguimiento.
