No suspenden obra que afecta vista del paisaje

El tribunal entendió que la construcción fue autorizada conforme la legislación vigente, siendo el perjuicio que pudiere ocasionar a los demandados una consecuencia inevitable

Al entender que el caso no estaba enmarcado en una cuestión ambiental sino que en ella se discutió una acción real, resultando que la demandada contaba con los permisos pertinentes de la Municipalidad de Alta Gracia para realizar la construcción en la zona solicitada, la Cámara 7ª Civil y Comercial de Córdoba confirmó el rechazo de la demanda de obra nueva, mediante la cual los accionantes pretendían la suspensión de un emprendimiento urbanístico.

Los actores apelaron en la causa promovida por Juan Antonio Bestonso e Inés Rivarola en contra de María Paloma Pérez Escribano y Ascensión Román y Escribano respecto de la construcción en el lote 3 de la subdivisión del lote “A” de la manzana N° 25, inscripto en el Registro de la Provincia en la matrícula N° 587.317.

La cámara integrada por los vocales Rubén Remigio y Jorge Miguel Flores consideró que los actores se quejaban al interpretar como arbitraria la resolución de primera instancia por eludir y desconocer el trasfondo ambiental que posee la controversia, ya que la obra ejecutada por las demandadas modifica el entorno barrial en el que viven desde hace décadas, al generar una pantalla visual que los priva ilegalmente de un beneficio reconocido en la normativa municipal de aplicación (vista del paisaje serrano).

La alzada señaló que los apelantes manifestaron que explicitaron en la demanda la naturaleza ambiental que la cuestión ventilada poseía; no obstante, en el fallo el argumento ambiental fue ignorado por la a quo.

Los vocales sostuvieron que el agravio relativo al desconocimiento del trasfondo ambiental debía rechazarse, pues los propios actores enmarcaron la demanda como una acción de carácter real, no constituyendo la referencia ambiental de la cuestión el eje central del pleito.

En otras palabras, el fallo consideró que la problemática y el debate que pretenden dirimir por medio de la iniciación de la causa se resume en un conflicto de carácter edilicio, no advirtiéndose que se ventilen cuestiones relativas a contaminación ambiental o daño ambiental a escala general.

Derecho

En consecuencia, la sentencia concluyó que, siendo que la pretensión de los accionantes se vincula principalmente con el exclusivo goce de su derecho de propiedad, no resulta atendible el agravio que denuncia el desconocimiento de la cuestión ambiental.

La cámara evaluó luego el resto de las quejas de los apelantes, sosteniendo que de las constancias surge que las demandadas ejecutaron la obra en el inmueble de su propiedad, con la autorización de la Municipalidad de Alta Gracia, conforme demuestra el expediente administrativo adjuntado a los autos.

Los magistrados observaron que, si bien los accionantes aducen que la autorización otorgada por el ente municipal fue para la construcción en la zona central institucional administrativa y financiera y no para la zona residencial sur, que es donde se sitúa el inmueble de las demandadas, del expediente administrativo se desprende que se corrigió el error incurrido y se rectificó la zona de ubicación del inmueble por visación de fecha 16/05/2016, la que fue informada al accionante en el reclamo por él realizado ante el municipio en cuestión.

Según la decisión, dicha visación muestra que el proyecto cumplía con los índices urbanísticos de uso de suelo, ocupación de suelo, retiros mínimos y altura de edificación requeridos para la zona donde se sitúa la propiedad (zona residencial sur).

Sin reproches

En consecuencia, el fallo derivó que la acción entablada en contra de las demandadas, quienes construyeron en su propiedad con la autorización otorgada por la autoridad administrativa, “no puede prosperar por cuanto las mismas obraron correctamente, sin que pueda formulárseles reproche alguno”, remarcando que la obra se realizó en cumplimiento de la legislación provincial, resoluciones locales y ordenanzas vigentes.

Asimismo, el tribunal resaltó que no se evidencia antijuridicidad en el obrar de las demandadas que permita atribuirles responsabilidad alguna en su proceder, agregando que la obra es legítima, más allá de los inconvenientes que le pueda provocar a los actores la realización de la misma.