No suspenden audiencia civil; el codemandado tenía abogado

El tribunal de alzada compartió el criterio del juez de grado, en cuanto a que no existió agravio atendible al rechazo a postergar la instancia

En el marco de un juicio por un accidente de tránsito, al interpretar que -pese a que el demandado presentó un certificado médico para justificar su ausencia en la audiencia preliminar del proceso oral civil- su letrado se presentó con un poder que lo facultaba a ejecutar actos en su representación, la Cámara 8ª Civil y Comercial de Córdoba , al igual que el inferior entendió que no se alteró el derecho de defensa. El tribunal sumó a este precepto la convicción de que este nuevo procedimiento se basa en la celeridad de los actos, por lo que -al no acreditarse agravio concreto- confirmó la resolución de grado que rechazó la suspensión de la mencionada audiencia.

El codemandado Lucas Rojas recurrió la sentencia de primera instancia, que había hecho lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por el actor Hugo Canda, objetando el rechazo a suspender la audiencia referida.

La cámara integrada por Gabriela Eslava y Héctor Liendo señaló que el a quo dispuso que la tramitación de la causa se rigiera bajo las reglas del Proceso Oral fijado en la ley 10555 y fijó audiencia preliminar para el 11 de abril de 2019 -a la que no compareció Rojas- y en la que se fijó fecha para la audiencia complementaria para el 11 de junio del mismo año, dejando expresamente sentado que esa instancia se celebraría “con quienes concurran”.

En el fallo se recordaron los principios rectores que determinaron la implementación de las audiencias en los procesos civiles -celeridad, inmediatez y eficiencia-, que fueron aplicadas por el juez de grado y ratificadas por la cámara interviniente.

La alzada observó que, en la última fecha mencionada, el apoderado de Rojas solicitó, con base en un certificado médico, la suspensión de la audiencia por tener que reposar 72 horas, y acompañó carta poder certificada.

Ante ese pedido, el tribunal a quo señaló que -atento a que el abogado revestía el carácter de apoderado- no se hizo lugar a la suspensión.

Bajo esas premisas, la cámara compartió lo decidido por el grado, dados los principios que rigen el proceso de oralidad -tales como celeridad, inmediación y eficiencia- recordando que la ley que regula el proceso de oralidad dispone que la incomparecencia injustificada de cualquiera de las partes o sus representantes no suspenderá la realización de la audiencia, la que se celebrará por el tribunal con la presencia de la parte que concurra.

El fallo añadió que el Protocolo de Gestión del Proceso Civil Oral (Ac. N° 1550 Serie “A” del 19/02/2019) impone al magistrado el deber de evitar suspensiones o dilaciones de las audiencias, así como la prolongación del proceso y advirtió que -si bien podría concluirse que en el caso no se trató de una incomparecencia injustificada, dado que, conforme el certificado médico acompañado, la causa era una enfermedad- no es menor el dato que Rojas acompañó al mismo momento una carta poder certificada por escribano público en el que confiere apoderamiento judicial.

De ello el tribunal derivó que, por esa condición que reviste el letrado -la de apoderado del codemandado Rojas- correspondía el rechazo del pedido de suspensión de la audiencia preliminar efectuado.

Argumento

Así las cosas, la decisión argumentó que nada impedía al letrado concurrir en dicho carácter a la referida audiencia a los fines de ejercer sus derechos, infiriéndose que se encontraba plenamente facultado para intervenir en nombre y representación de Rojas en la audiencia complementaria a los fines de ejecutar los actos procesales que estimara conducentes a los fines de la defensa de su representado.

En definitiva, la cámara concluyó que la ausencia personal del codemandado en la audiencia complementaria no puede acarrear agravio alguno en la defensa, toda vez que ya había investido -con anterioridad a la audiencia y debidamente comunicado al proceso- un apoderado que contaba con facultades suficientes para tutelar sus derechos en debida forma, por lo que no se configura la violación a su derecho de defensa alegada por el recurrente.

Con base en lo antedicho, en el fallo se resolvió que el agravio tratado merece ser rechazado, al no corroborarse en autos la violación al principio de fundamentación lógica y legal alegado.

Autos: "CANDA, HUGO ADRIÁN C/ GÓMEZ, MÓNICA Y OTROS - ABREVIADO - DAÑOS Y PERJUICIOS - ACCIDENTE DE TRÁNSITO - TRAM. ORAL - EXP. 7044626"

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