No hay consenso sobre el proyecto para bajar la edad de imputabilidad

La iniciativa tiene más posibilidades de prosperar en el Senado. En Diputados, el panorama es hostil. Numerosos dirigentes se pronunciaron en contra  

El futuro del proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 15 años es incierto para el gobierno de Mauricio Macri. Ocurre que ya son numerosos los dirigentes de la oposición que enfatizaron su repudio a la iniciativa.
La propuesta del Ejecutivo no tiene aval en la Cámara de Diputados por la oposición de referentes del kirchnerismo, el massismo y el bloque Argentina Federal (Peronismo), quienes cuestionan la iniciativa. En el Senado, en cambio, el escenario sería más favorable pese a que el jefe de bloque del PJ, Miguel Ángel Pichetto, ya adelantó sus objeciones.
En ese sentido, el rionegrino aclaró: “La inseguridad no se va a combatir encarcelando menores. El porcentaje de delitos relacionados con ellos es muy bajo”.
“La raíz de los problemas a combatir en relación a la inseguridad es la fragilidad en las fuerzas policiales”, consideró el referente de Alternativa Federal y precandidato presidencial.

Consultada al respecto, la ex ministra de Seguridad y diputada de Unidad Ciudadana Nilda Garré sostuvo que el proyecto es “marketinero”. “Se quiere sobredimensionar el problema de la inseguridad. Sólo 3,8% de los delitos graves son cometidos por menores. Esto no es negar que existe, es grave y hay que darle solución, pero es complejo y no se resuelve con medidas efectistas ni marketineras”, sentenció. El legislador porteño del Partido Obrero Gabriel Solano también criticó la iniciativa del Poder Ejecutivo, que, según dijo, busca “reforzar la represión” como respuesta a la crisis económica. “Después del nuevo protocolo para el uso de armas de fuego y la compra de pistolas Taser, ahora el Gobierno vuelve con la baja de la edad de imputabilidad. Los gobiernos en crisis refuerzan la represión”, aseguró.En el mismo sentido, el jefe de bancada de Argentina Federal en Diputados, Pablo Kosiner, consideró difícil que se trate este año el proyecto. “Lo penal tienta a muchos a un discurso de impacto electoral”, advirtió.

Debate histórico
El tema de bajar la edad de imputabilidad siempre dividió aguas, incluso durante el gobierno kirchnerista. En 2012, Cristina Fernández admitió distintas posturas, avaló la media sanción que había dado el Senado (Diputados nunca lo trató) y se pronunció en favor de bajar la edad para “adecuarse a los tiempos”.
La representante de la bancada del massismo en la Cámara baja, Graciela Camaño, recordó que en 2016 presentaron una propuesta para bajar a 14 años la edad de imputabilidad y criticó que el Gobierno de Macri impulse el tema en un año electoral.
Sin embargo, sostuvo: “Vamos a trabajar como todos los proyectos de seguridad, en la idea de que salga. El nuestro propone la baja a 14 años, pero se trata de tener un régimen para que los pibes no sean rehenes de lo que los jueces quieran”.
“Si un pibe comete un delito queda a expensas de lo que el juez decida con el pibe, y actualmente lo que el Estado decide es volverlo a mandar al mismo hábitat donde compuso su personalidad delictiva”, señaló.
Y agregó: “Las únicas dos sociedades en América Latina que tienen esta visión de punibilidad a elevada edad son la argentina y la cubana; el resto de América Latina ha comprendido que la comprensión de la acción disvaliosa comienza a los 14 años”.

Qué dice el proyecto

– El proyecto establece la intervención de una justicia especializada en la adolescencia, y plantea que la prisión será el “último recurso” y “por el plazo más breve posible”.
– Los adolescentes no serán pasibles de sanciones privativas o restrictivas de la
libertad en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas. Y el
máximo de años de cárcel será de 15 y quedará prohibida la imposición de reclusión
y de prisión perpetua.
– Uno de los artículos propondría que -en caso de que las víctimas den su consentimiento, y sólo ante delitos menores- se incorporarán “mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos”, como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo.
– La ley buscará establecer sanciones socio-educativas, tales como la asistencia a
programas de formación ciudadana; la capacitación laboral, cultural y deportiva;
o el tratamiento médico o psicológico.
– La prisión preventiva para los jóvenes de entre 15 y 18 años deberá ser por el plazo de un año.
– Asimismo se habla de distintos tipos de detenciones: domiciliarias, de “fines de
semana”, y en centros especializados, donde propone que los menores desarrollen
actividades “formativas, educativas, laborales y de ocio”.

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