ESCUCHARPor unanimidad, los consejeros de la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación desestimaron por mora ayer la denuncia que pesaba contra los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Ignacio Vélez Funes, Luis Rueda y Abel Sánchez Torres, en el marco de la causa Piccón.
Los jueces fueron acusados en 2007 por el ex camarista Alejandro Mosquera, quien renunció tras acusar a sus pares de cometer supuesta "parcialidad” y actuar con “demora” en el pedido de indemnización que planteó la familia del cadete del Liceo Militar General Paz que quedó con daños físicos irreversibles tras ser sometido a “movimiento vivos” cuando tenía 13 años, en 1990.
En su dictamen desestimatorio, los consejeros firmantes destacaron que los fundamentos planteados por Mosquera debían ser tomados con “cautela”, teniendo en cuenta la “conflictiva y desgastada” relación que existía entre los jueces que integraban, en ese momento, la Cámara Federal de Córdoba.
Razones
Respecto de la demora en la tramitación del expediente, el cuerpo remarcó que ello no puede sólo atribuírsele a los magistrados intervinientes, sino también a los diferentes planteos defensivos que realizó oportunamente el Estado Nacional.
Particularmente, sobre la actuación de Rueda, a quien se lo denunció por un supuesto retraso de ocho meses entre que la causa se radicara en su vocalía y su excusación, los consejeros adjudicaron tal circunstancia al considerable aumento de la litigiosidad que sufrió el juzgado del camarista durante 2004.
En el mismo sentido, el Consejo de la Magistratura rechazó la imputación contra Sánchez Torres, a quien se lo acusaba de “falta de diligencia” al asumir su cargo de juez de cámara.
“Esta imputación deberá ser rechazada, ya que de las constancias del expediente se desprende que el juez, al asumir sus funciones, requirió informes a las secretarías para tomar conocimiento de las causas de su entendimiento”, explica el dictamen.
Para los consejeros, tampoco quedó comprobado que Sánchez Torres hubiera solicitado licencia inmediatamente después de tomar posesión del cargo, produciendo un posterior retraso en la causa.
En la misma resolución, la comisión de acusación resolvió declarar abstracta la denuncia presentada contra Mosquera y Humberto Aliaga Yofre y desestimar la acusación de Sánchez Torres contra Becerra Ferrer. El dictamen fue votado por unanimidad por los consejeros presentes en la reunión de la Comisión de Acusación y Disciplina: Luis María Bunge Campos, Luis María Cabral, Mariano Candioti, Diana Conti, Nicolás Fernández, Héctor Masquelet, Santiago Montaña y Ernesto Sanz, autor del decreto.
