viernes 22, noviembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

Neuquén: destituyen a juez denunciado por acoso sexual y persecución laboral

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El Jurado de Enjuiciamiento resolvió este lunes por unanimidad, y por primera vez en la provincia de Neuquén, la destitución del juez Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la localidad neuquina de Rincón de los Sauces, Sebastián Andrés Villegas, por mal desempeño, tras ser acusado de acosar sexualmente y ejercer persecución laboral contra una funcionaria judicial.

El jurado que resolvió la destitución estuvo integrado por los vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Evaldo Moya, Alfredo Elosú Larumbe y Germán Busamia; los diputados provinciales María Laura Du Plessis (Movimiento Popular Neuquino) y Sergio Fernández Novoa (Frente de Todos); y los abogados Nicolás Lupetrone y Simón Julio César Hadad, informaron fuentes judiciales.

El encuentro de los integrantes de jurado se realizó en la Sala de Acuerdos del TSJ, en donde acordaron y firmaron el texto final de la sentencia, en la que resolvieron “por mayoría, tener por acreditados los cargos que dieron origen a la acusación del enjuiciado, doctor Sebastián Andrés Villegas”.

Asimismo, resolvieron “por unanimidad, tener por configurada la causal de mal desempeño y, en consecuencia, disponer su inmediata remoción del cargo de Juez de Primera Instancia a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y Minería de la localidad de Rincón de los Sauces”.

Evaldo Moya, presidente del jurado y autor del voto al que adhieren los demás integrantes, manifestó que “en este proceso se acreditaron numerosos hechos de gravedad cometidos por el doctor Villegas, que se repitieron a lo largo del tiempo y que mostraron un hostigamiento o acoso laboral cometido contra M.S.G. (María Soledad Garayo), y también serias dificultades para la gestión adecuada del recurso humano a su cargo”.

“Las acciones imputadas giran en torno a sucesos que involucran acoso y violencia laboral contra una mujer, con el aditamento que quien las ejercía era un Juez del fuero de familia, que había jurado ante la Constitución Provincial resguardar a las víctimas de este tipo de conductas”, indicó en la sentencia.

Asimismo, aseguró que “no es decisiva la ausencia de testigos presenciales, en tanto el hecho puede ser reconstruido a partir de diversos elementos probatorios, como ocurre en el caso”, y agregó que “en este tipo de hechos donde el acosador busca arteramente el momento indicado para hostigar a su víctima, el accionar desplegado no suele llevarse a cabo a la vista de todos, por el contrario ‘las sombras’ suelen ser su arena”.

Cabe recordar que el fiscal jefe de Neuquén, Pablo Vignaroli, había solicitado la destitución de Villegas tras considerar que las pruebas y testimonios que se produjeron acreditaron la versión de María Soledad Garayo, la denunciante.

En tanto, la defensora Iris Sandoval había pedido la absolución tras asegurar que el magistrado “no hizo nada, no es culpable”.

Tras la resolución del Jurado de Enjuiciamiento, se notificó a las partes y, aunque la defensa puede apelar la sentencia ante la sala penal del TSJ, la medida de apartamiento de sus funciones es de aplicación inmediata sin que la resolución quede firme.

Los hechos por los cuales Villegas fue denunciado comenzaron en 2017 y se extendieron hasta 2019.

La insistencia de transportar en su vehículo particular a la denunciante a su domicilio personal, a pesar de sus reiteradas negativas; conducirla a la cima del cerro La Cruz, sin su consentimiento; y recibir comentarios inadecuados o preguntas íntimas por parte del magistrado, fueron algunos de los hechos denunciados.

Además, Villegas habría formulado comentarios a otros funcionarios del Juzgado sobre la vestimenta y aspectos físicos de la denunciante exhibiendo fotos de redes sociales, habría demostrado ante el resto del personal una actitud e intencionalidad con contenido sexual hacia la funcionaria, como así también habría realizado comentarios desfavorables hacia la misma, en reuniones en donde la denunciante no se encontraba presente.

La funcionaria judicial denunció que, ante su negativa a intimar, el juez habría cambiado rotundamente su modo de ejercitar la violencia dando inicio a una escalada persecutoria que terminaría afectando su natural estabilidad psicofísica y su autodeterminación.

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