Narcocriminalidad: nueva advertencia sobre el aumento de maniobras desde las cárceles

La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) presentó su Informe de Gestión 2021, en el que analiza su intervención en la asistencia a fiscales de todo el país, su labor autónoma en la investigación y su rol como organismo especializado en el diseño de la persecución penal en la materia, en conjunto con otras agencias del Estado.

Entre las problemáticas específicas que abordó se destaca el incremento de maniobras de tráfico de drogas que se ejecutan desde establecimientos penitenciarios de distintas jurisdicciones, tanto federales como provinciales.

Cabe recordar que el año pasado, la Procunar elaboró un documento temático que puso a disposición del procurador General interino Eduardo Casal, junto a la propuesta de conformar una mesa de trabajo al respecto.

Éste convocó a los titulares y colaboradores de la Procunar, de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal (UFEP) y de las fiscalías de Lomas de Zamora, Salta y Rosario.

Con la participación de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF), la mesa se reunió en octubre y le entregó conclusiones, recomendaciones y datos a la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia.

En esa oportunidad se advirtió de la gravedad y peligrosidad de la cuestión y se hicieron sugerencias tendientes a reducir los riesgos para la seguridad del personal penitenciario, de la población carcelaria y de los terceros que concurren a los establecimientos, así como para proteger el resto de la sociedad, a los operadores del sistema de administración de Justicia y a personas vinculadas con la investigación, persecución y prevención de delitos cometidos desde el ámbito carcelario.

Agenda

En diciembre pasado, la narcocriminalidad desde establecimientos penitenciarios estuvo en el foco de la agenda abordada en el marco de la reunión anual de la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica.

Expusieron sobre el tema, entre otros, el director de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de Chile, Luis Toledo; el presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Carlos Rívolo; el procurador de la Fiscalía de San Pablo, Brasil, Isac Barcelos Pereira de Souza, y la fiscal de la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia, Bárbara Sargenti.

El fiscal Rívolo, junto a la Procunar encabezada por Diego Iglesias, forman parte de la mesa de trabajo sobre narcocriminalidad en cárceles creada en el ámbito del MPF por Casal.

Iglesias moderó la instancia y planteó la preocupación que genera la operatividad de distintas organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas dentro de las unidades penitenciarias.

El chileno Toledo se refirió a informes y análisis realizados por el Departamento Penitenciario de su país que evidencian “una serie de cambios en las circunstancias de la población penal”. Destacó que uno de ellos es lo que definió como “una cultura de dominación hacia dentro de las cárceles”, la cual valoró como instalada, e hizo alusión al control que realizan personas privadas de su libertad sobre otros integrantes de la población carcelaria para cometer ilícitos.

Estándares

Por su parte, Rívolo expuso sobre los estándares de seguridad de los fiscales. “Argentina ha mostrado en los últimos años que muchísimos de los colegas han tenido conflictos por los casos en los que les ha tocado intervenir. ¿Esto es medianamente racional? Sí, vamos a tener conflictos. No nos dedicamos a hacer directores de una empresa, somos fiscales: formulamos acusaciones”, afirmó.

Rívolo se refirió también al informe sobre narcocriminalidad en cárceles elaborado meses antes, en octubre de 2021, y recomendó su lectura. “Es terrorífico lo que está sucediendo dentro del Servicio Penitenciario”, sintetizó.

Además, indicó que “las normativas de Servicio Penitenciario son duras y no se están cumpliendo” y pidió que los jueces dejen de flexibilizar las condiciones de los detenidos.

Casos

El año pasado, la Procuración General de la Nación identificó 19 casos de jefes de bandas narco que seguirían manejando el negocio desde las cárceles donde se encuentran cumpliendo condenas o con prisión preventiva.

Los fiscales denunciaron maniobras concretas de tráfico, transporte y comercialización de estupefacientes y de otros graves delitos vinculados (como lavado de activos, homicidios, secuestros extorsivos, amenazas y tenencia y tráfico de armas de guerra), que fueron planificadas o llevadas a cabo desde el interior de los establecimientos penitenciarios.