José Gómez Demmel, fiscal General Adjunto de Córdoba, plantea una reforma integral que incluya la renovación del Código Procesal Penal y la reformulación de las estructuras judiciales. Un debate que recién comienza.
José Gómez Demmel tiene esperanzas. Cuando hace cuatro años pensaba en un nuevo modelo de gestión para la Justicia de Córdoba y ponía en marcha con el entonces fiscal General -Darío Vezzaro- el plan piloto de San Francisco, sin dudas se abría un importante desafío. El modelo, que logró desformalizar el proceso judicial para hacerlo más ágil y eficiente, dio grandes resultados en aquella ciudad, pero quedó encorsetado en un Código Procesal que no se modificó y en un plan que no logró extenderse a otras jurisdicciones de la Provincia.
Los cambios del nuevo Código Penal y el debate que abrió la sanción del Código Procesal de la Nación, reabrieron la discusión y Gómez Demmel redobló la apuesta. Una reforma integral, con una Justicia sin expedientes, con fiscales más cercanos a la gente y estructuras menos burocráticas, forman parte de los desafíos de una justicia moderna y más eficiente que el fiscal General Adjunto dice aspirar para Córdoba.
– En marzo entra en vigencia el nuevo Código Procesal Penal de la Nación. ¿En Córdoba están pensando también en una reforma?
– En Córdoba, la mayoría de los operadores, sin dudas, expresa la necesidad de una reforma, pero la reforma debe ser integral. Si uno modifica la cuestión procesal también es necesario reestructurar todo el Poder Judicial para poder acompañar este cambio.
Hace falta trabajar en estructuras menos burocráticas y en donde haya más operadores judiciales con poder de decidir. Hoy la mayoría de las estructuras jurisidiccionales y de los Ministerios Públicos fiscales son piramidales chatas con un alto contenido burocrático que trabajan en el armado del expediente y con un solo punto de decisión. Esta estructura, sin dudas, se complica ante la demanda social. En este sentido, se vuelve urgente discutir qué tipo de organización queremos, cómo queremos organizarla y cómo podemos a cumplir con esta demanda social.
– ¿Cuál sería el camino que hay que seguir?
– Hay que avanzar en la desformalización del proceso, dejar el expediente como expediente. Nadie se imagina la Justicia sin un expediente y esto es lo que hay que romper, este paradigma es el que debemos saltar, hay que ir a la oralización total. Hay que dejar el trámite como trámite en sí mismo, dejar que el fiscal sea reactivo y empezar a encontrar fiscales que tengan enlace con la sociedad, con la comunidad para poder atender el conflicto en el propio territorio y reemplazar el registro escrito, que es el expediente, por medio de audiencias, desformalizando el procedimiento que hoy rige en Córdoba. Hay que trabajar en el conflicto penal como un conflicto social en sí mismo.
Pero para modificar el procedimiento y desterrar el expediente y llevarlo a la oralidad, sin dudas hace falta transformar la organización de las instituciones, tanto jurisdiccional como del Ministerio Público y de la Defensa misma.
– ¿La idea es pensar en un modelo similar al plan piloto que instrumentaron en San Francisco?
– San Francisco tiene varias características de esto, sin dudas cuando hicimos ese plan piloto estábamos limitados por el Código Procesal vigente en ese momento con lo cual hicimos modificaciones pero limitadas, sería avanzar bastante más de lo que hicimos en San Francisco.
– ¿Cómo se imagina un nuevo Ministerio Público?
– Hay que discutir sobre la modificación de la nueva ley orgánica del Poder Judicial y del Poder jurisdiccional. En la mayoría de los nuevos sistemas dejan de existir las fiscalías y se crean oficinas de fiscales, en lugar de tener un fiscal y varios empleados, hay varios fiscales con un fiscal jefe; entonces, en lugar de tener un punto de salida, hay siete u ocho. Los fiscales tienen -en ese caso- potestad para representar al Ministerio Público en las audiencias. Entonces, al desformalizar el proceso, no crear el expediente y reorganizar de esta manera al Ministerio Público, da margen para tener un flujo de causas y de resoluciones que hoy no tenemos.
– Recientemente ingresó a la Legislatura un proyecto de reforma del Código Procesal Penal proveniente del Ejecutivo. ¿Qué opina sobre esta iniciativa?
-Es el mismo proyecto o muy parecido al que circuló cuando se implementó el plan piloto de San Francisco. Son modificaciones parciales o muy específicas sobre el Código Procesal Penal. Creo que cubre ciertas urgencias pero no es lo que realmente necesitamos. Entiendo que hay cuestiones urgentes por resolver como el principio de oportunidad, porque es un tema que está en los Tribunales y habría que ir resolviendo esas cuestiones. Sin embargo, lo que realmente necesitamos es una reforma integral, algo más ambicioso. Hace falta una discusión en la que estén involucrados diferentes sectores como la Asociación de Magistrados, el Colegio de Abogados, el Tribunal Superior, la Fiscalía General, las Universidades, etcétera. Y a partir de allí, poder discutir qué queremos. Tenemos que debatir a futuro. Es hora de discutir algo más en serio, sin parches, sin limitaciones, algo que proyectemos a futuro como fue la reforma del 91 en la que Córdoba dio un salto muy grande y fue un modelo a escala nacional y regional. Estamos en condiciones de volver a dar otro salto.
– ¿Qué aspectos no debieran faltar cuando pensamos en un nuevo modelo judicial para Córdoba?
-La desformalización, la oralidad, una gestión eficiente en el manejo de las audiencias orales en las que los operadores sean muchos fiscales y pocos empleados. Un nuevo código que se estructure primero pensando en todas las medidas alternativas y una vez con todas estas medidas alternativas ver cómo regularlas para volverlas ágiles y útiles. Un Ministerio Público que pueda diseñar una verdadera política criminal persecutoria con esta disponibilidad que nos da el nuevo Código Penal y poder enfocar los esfuerzos en eso y no tener los esfuerzos diluidos en todo un sistema que al final de cuentas no termina siendo eficiente.
– ¿Se necesita más presupuesto para pensar en un modelo de estas características?
– A mi criterio el presupuesto no sería relevante. Puede ser que se necesite un poco más de presupuesto, pero yo lo pienso más como una transformación. No hacen falta más recursos sino transformar los recursos, y hace falta que los secretarios, prosecretarios, los ayudantes fiscales dejen de ser bocas que alimentan la oficina del fiscal y pasen a ser personas que decidan. Es una transformación cultural; esto se puede hacer.
– Las transformaciones culturales suelen ser lo más difícil de lograr en las organizaciones. ¿Está de acuerdo?
– Sin dudas, es lo más difícil de lograr.
