Municipio responde como agente del plan Jefes y Jefas

El Tribunal Superior cordobés confirmó una condena contra la Municipalidad de Las Varillas. El Alto Cuerpo resolvió que el cálculo de lucro cesante no debe realizarse sobre la remuneración de escalafón que perciben los empleados comunales. [privado] La Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ratificó la condena a la Municipalidad de Las Varillas por lucro cesante y daño moral derivados del incumplimiento, que tenía como órgano ejecutor del “Programa Jefes y Jefas de Hogares”, de la obligación de garantizar la higiene y seguridad del lugar donde realizaba tareas el beneficiario del plan social. Sin embargo, ordenó que el cálculo del lucro cesante se realice en función de lo efectivamente percibido por el actor como agente del programa y no remitirse a una categoría laboral y remuneración como empleado municipal debido a que es ajeno a la vinculación de que se trata. La comuna recurrió a la instancia extraordinaria agraviándose por la responsabilidad endilgada por el a quo sobre el accidente padecido por José Santiago Ocampo en el aeroclub de la ciudad, en el marco del programa asistenciario antes referido. El accionante también se agravió porque los cálculos de la reparación integral se efectuaron tomando como base el salario de un empleado municipal de corralón, que Ocampo nunca desempeñó. Frente a ello, el Alto Cuerpo integrado por Luis Enrique Rubio -autor del voto-, Mercedes Blanc de Arabel y Domingo Juan Sesin señaló que “el a quo condenó a la Municipalidad de Las Varillas por el incumplimiento de la obligación de ‘asegurar las condiciones de higiene y seguridad del lugar donde se realicen las tareas’ que tenía como órgano ejecutor en el marco del ‘Programa Jefes y Jefas de Hogares’, creado por el PEN, del que era beneficiario el actor (artículo 16, resolución del MTN Nº 312/02, reglamentario del Dec. Nº 565/02). Guarismos Sobre este aspecto, el TSJ indicó que “no parece razonable que para determinar la reparación del daño causado, se remita a una categoría laboral y remuneración -empleado municipal del corralón de la menor categoría, con 3 años de antigüedad- totalmente ajenos a la vinculación de que se trata”. A lo que se agregó que “la suma mensual percibida por Ocampo ($150) es la establecida en el artículo 4 del Dcto. Nº 565/02, cuya reglamentación prevé que el beneficiario -como contraprestación- realice tareas de capacitación o comunitarias, con una dedicación no inferior a las 4 hs. diarias ni superior a 6 hs. y, en el caso, no probó que la labor desarrollada por el aquí accionante la excediera”, por lo cual determinó que “no devenía habilitado el pago de suplemento alguno”. Por otra parte, el tribunal afirmó “que el beneficiario goza ‘de igualdad de trato y de todos los derechos que la normativa laboral y de la seguridad social reconoce a los trabajadores’ soslayando que la mentada referencia en la normativa de aplicación es para el supuesto que se cumplan ‘actividades laborales’ para un empleador particular, que reúnan los requisitos establecidos por la Ley Nº 24.467 (PyME) y que esté adherido al programa”. En consecuencia, se concluyó que “dicho dispositivo no alcanza al accionado porque, además de ser una entidad pública, no fue condenado en su calidad de ‘empleador’ sino -se reitera- por incumplimientos a su rol de órgano ejecutor de un programa de asistencia alimentaria”, añadiendo que “tampoco se verifica vulneración al principio de igualdad en materia laboral si, previamente, el Sentenciante le asignó una naturaleza distinta a la vinculación de la accionada con sus dependientes”. Por todo lo expuesto, el TSJ resolvió “ordenar que el cálculo del lucro cesante se realice en función de lo efectivamente percibido por el actor como agente del Programa Jefes y Jefas de Hogar”. Autos: Ocampo c/Mun. Las Varillas

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