Municipalidad no responde por planteo de ex trabajador del transporte urbano

El demandante laboró para la desaparecida empresa Siglo XXI y pretendía que el Palacio 6 de Julio lo indemnizara como si hubiese sido su empleador

Al sostener que la demandada no fue empleadora del accionante sino que éste se desempeñó como chofer de las prestatarias del servicios del transporte urbano, habiéndose aquélla sólo comprometido a otorgarle un subsidio y organizar una bolsa de trabajo, la Sala 6ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba rechazó una demanda contra la Municipalidad de Córdoba, por la cual el demandante pretendía ser indemnizado por incumplimiento del convenio por antigüedad, multa de la ley 25323, salarios impagos, vacaciones y sueldo anual complementario.

El trabajador esgrimió que trabajó como chofer de transporte bajo relación de dependencia la empresa Siglo XXI SA, conduciendo vehículos del servicio urbano de pasajeros en la ciudad de Córdoba. Señaló que el 23/5/2001 esa firma fue declarada en quiebra, cesando los pagos, por lo que la Municipalidad asumió la responsabilidad ante los empleados.

Acuerdo

Al resolver, el tribunal integrado por la vocal Nancy El Hay señaló que la ejecución del acuerdo referenciado no presenta cabida en la Ley Procesal del Trabajo, por lo que el tribunal carecería de competencia en la medida en que la petición no obtiene soporte en un contrato individual o relación de dependencia entre las partes.

Así, el fallo destacó que la prestación de servicios de transporte en relación de dependencia del actor se desarrolló con las empresas 12 de Octubre, Konfort y Siglo XXI hasta la quiebra de esta última, no así con la Municipalidad.

De ello el tribunal infirió no advertir conflicto jurídico individual derivado de relación o contrato de trabajo o cuestión motivada en disposiciones legales, reglamentarias o convencionales del derecho del trabajo o situación determinada por leyes especiales, siguiendo la normativa procesal de aplicación.

La vocal asimismo observó los acuerdos suscriptos ante la Secretaría de Trabajo provincial, en los que la accionada se obligó a otorgar subsidios a los desempleados de empresas de transporte por el término de dos años, procurando su reinserción en las concesionadas.

Además, se indicó que del compromiso municipal se observa la actuación de la entidad como pacificadora social ante la situación falencial de las prestatarias del servicio de transporte, obligándose al abono del mentado subsidio -lo que efectuó, puesto que nada se esgrime al respecto-, y la inserción de los laborantes en una bolsa de trabajo, con el fin de que las nuevas empresas privadas que se contraten puedan hacer uso del listado para convocarlos.

Obligación

El tribunal concluyó que, de lo expuesto, de manera alguna puede inferirse la obligación de reinserción endilgada sino que sólo se acordó el abono del subsidio y la integración de la bolsa de trabajo, sin garantía de su obtención, por lo que el convenio es de ejecución imposible, por lo que esta pretensión debe ser desestimada.

En los términos de la conclusión anterior, la jueza sostuvo que deriva la inviabilidad de indemnización alguna por incumplimiento de contrato, cuando esto no existió y no emerge del contrato que se haya previsto el pago de resarcimiento o indemnización alguna en caso de incumplimiento al compromiso de reinserción.

A su vez, El Hay señaló que los rubros provenientes del despido siguen la misma suerte que los planteos anteriores, en la medida en que no puede denunciar el contrato quien carece de legitimación al efecto por cuanto no es sujeto integrante de un nexo laboral que lo permita.

De los elementos relacionados, la sala concluyó que el actor no fue empleado del municipio sino de empresas privadas, no mantuvo ligamen alguno con aquél, salvo la decisión del Palacio 6 de Julio de subsidiarlo como a otros trabajadores de las empresas de transporte que prestaban el servicio por licitación, como en el caso la Siglo XXI, para la que se desempeñó el demandante hasta su quiebra, contra la que podía acudir reclamando los conceptos que pide.

Ordenanza

El fallo recordó que por ordenanza 10608 se dispusieron recursos financieros para afrontar la situación laboral o ejecución de un plan de subsidios voluntarios para los trabajadores que quedaban desempleados y que el acta del 20/6/2003, dentro del marco de aquella norma, no garantiza reinserción laboral, aunque sí integrar una bolsa de trabajo para su relocalización, listados acorde a su antigüedad y con 24 meses de vigencia, la que venció el 20/6/2005.

Por lo expuesto, en el fallo se resolvió el rechazo de la demanda, destacando que tampoco resultaría procedente condenar solidariamente al Estado municipal por las deudas generadas por sus proveedores de servicios.

Finalmente, se destacó que la Administración pública no es empleadora, empresa o establecimiento en los términos de la Ley 20744 de Contrato de Trabajo, por cuanto se trata de una persona de derecho público y no puede ser alcanzada por una responsabilidad solidaria que sólo abarca a sujetos privados del contrato laboral.