La demandante invocaba razones de género para objetar una rendición de cuentas

En un litigio familiar por derechos sucesorios sobre propiedades rurales, la accionante pretendía que se aplicara la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación [privado]

En el marco de una acción por rendición de cuentas, iniciada por una mujer en contra de su hermano y vinculada con los derechos sucesorios derivados de propiedades rurales, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) rechazó la pretensión de aquélla, al concluir que en la causa no se desarrolló ni se acreditó ninguna situación asimétrica entre ambos, que tuviera relación con la cuestión de género.

En la casación interpuesta, la mujer pretendía que se declarara la inconstitucionalidad de la norma que establece el plazo de prescripción para las rendiciones de cuentas.

La casacionista atacaba la decisión del tribunal a quo, de tener por cumplida la prescripción de la obligación de rendir cuentas que se estableció desde la fecha del convenio sobre los derechos sucesorios de las partes, hermanos entre sí.

Motivos

Según los motivos esgrimidos por la mujer, el pedido se vinculaba con la vulneración de sus superiores derechos constitucionales, conforme las disposiciones del artículo 2 de la “Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer” (Cedaw, por sus siglas en inglés), aprobada e incorporada a la legislación nacional por ley 23179 en los términos definidos luego de la reforma constitucional del año 1994.

No hay elementos de convicción que permitan tener por acreditado de qué manera esa desigualdad estructural, producto de situaciones de género, podría haber desembocado en una imposibilidad tal a la actora que le impida ejercer las acciones contra su hermano que considere pertinentes en relación con la administración del patrimonio familiar.

De las razones dadas por el TSJ cordobés.

La hermana invocó específicamente también lo normado en el artículo 14, inciso 2, párrafo 1° del citado instrumento internacional, según el cual no se debería convalidar la prescripción de la obligación de rendir cuentas por parte del accionado en autos, pues impone a los Estados adoptar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en zonas rurales, a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y sus beneficios.

Finalmente, la mujer adujo que lo sucedido en autos no es nuevo ni original, pues se trata de una conducta consuetudinaria observada por generaciones, en la que sistemáticamente se ha excluido a las mujeres del goce pleno de sus derechos sucesorios, favoreciendo ilegítimamente a los hijos varones.

Términos

Al analizar el planteo, el Alto Cuerpo en pleno, integrado por María Marta Cáceres de Bollati, Domingo Juan Sesin, Aída Lucía Teresa Tarditti, Luis Enrique Rubio, María de las Mercedes Blanc Gerzicich de Arabel, Sebastián Cruz López Peña y Luis Eugenio Angulo Martín , indicó que de los estrictos términos en que quedó planteada la litis del proceso en cuestión, “ceñidos al dies a quo de la prescripción (interpuesta defensivamente por el demandado) de la obligación de rendir cuentas como acción ejercida por la actora contra su hermano”, no surge que la cuestión en él debatida esté vinculada a una relación asimétrica de poder o a una situación estructural de desigualdad basada en el género.

En ese sentido, el Alto Cuerpo apuntó que no hay elementos de convicción que permitan tener por acreditado de qué manera esa desigualdad estructural, producto de situaciones de género, podría haber desembocado en una imposibilidad tal a la actora que le impida ejercer las acciones contra su hermano que considere pertinentes en relación con la administración del patrimonio familiar.

Aprovechamiento

En igual dirección, el TSJ interpretó que tampoco fue demostrado cómo lo expuesto por la casacionista habría repercutido en el aprovechamiento de los beneficios del desarrollo rural que demanda, al amparo del antes referido artículo 14 de la normativa Cedaw.

En ese orden de ideas, los vocales entendieron pertinente recordar que el tribunal de mérito ha desestimado los planteos constitucionales, en función del excesivo grado de generalidad con el que se invoca la vulneración de derechos reclamada

El fallo remarcó que la mera invocación del referido artículo 14 de la convención y su referencia a la discriminación padecida por las mujeres en entornos rurales, vertida en términos genéricos, no es suficiente para presumir el avasallamiento denunciado.

En definitiva, por las razones dadas el TSJ resolvió que el recurso de inconstitucionalidad “no se presenta atendible, por lo cual debe ser desestimado”.