ESCUCHAREn Misiones, en el marco de la pesquisa por el levantamiento policial de mediados de mayo, el fiscal de Instrucción René Casals sumó al expediente todos los testimonios y denuncias recabados hasta el momento,
Además, le pidió informes a la Jefatura de Policía a fin de esclarecer lo ocurrido y, en su caso, determinar responsabilidades penales por el incidente que generó una ola de protestas sociales en la provincia.
Casals ya tiene elementos para pedir imputaciones pero postergó avances porque el juez que interviene en la causa, Ricardo Balor, tomó licencia en plena sucesión de feriados nacionales, la semana pasada.
Se estima que el agente formulará planteos ante el Juzgado de Instrucción N° 6 a partir de esta semana.
Hasta ahora, la Fiscalía de Estado de Misiones no se presentó ante la Justicia y, por lo tanto, no participa de la investigación en curso.
Cabe precisar que tras el acuerdo salarial entre las autoridades provinciales y los uniformados se pactó que no habría sanciones administrativas, pero las acciones judiciales continuaron su curso.
Por lo pronto, la Fiscalía tiene varios delitos para atribuir, como sedición agravada por ser cometida por funcionarios públicos armados.
La Justicia misionera analiza el antecedente del juicio por la sublevación policial de 2013 en Entre Ríos, que en 2015 derivó en la condena a 17 agentes.
El levantamiento de los policías misioneros comenzó el viernes 17 de mayo a la madrugada, después de un par de jornadas con acciones pacíficas.
Aquel día, una de las dos sedes del Comando Radioeléctrico de Posadas fue abordada por agentes fuera de servicio en dos oportunidades. La primera se registró alrededor de las tres de la mañana, cuando un grupo intentó ingresar al inmueble, sin éxito. Dos horas después, otro usó métodos más violentos y logró su objetivo. Luego, comenzó un acampe en la zona.
Las denuncias sobre lo ocurrido durante el levantamiento incluyen reportes sobre emboscadas a móviles que no se plegaron.
La revuelta policial impulsó protestas de otros sectores, como docentes y personal de salud, que incluyeron manifestaciones frente a la Legislatura y en la casa del gobernador Hugo Passalacqua.
La Policía de Misiones ya tomó el Comando Radioeléctrico y puso en jaque durante nueve días a la administración provincial hasta lograr una recomposición de haberes en febrero de 2012. En aquella oportunidad, además, quedaron fuera de servicio las unidades regionales. Más de 1.500 agentes se plegaron a la medida. El arreglo llegó luego de que el gobierno de Maurice Closs otorgara un aumento salarial.
El conflicto policial misionero que se dio entre febrero y marzo de 2012 fue la antesala de la revuelta de gendarmes que tomaron el Edificio Centinela en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un año después, la Policía cordobesa inició una seguidilla de paros que detuvo el servicio de seguridad en 20 provincias y causó 18 muertes y pérdidas millonarias.
