México: decisorio sobre libertad de expresión reinaugura batalla judicial

HUMBERTO MOREIRA VALDEZ

En abril de 2019, el caso se resolvió a favor del columnista y académico Sergio Aguayo. La apelación que dio vuelta el decisorio se definió en tiempo récord y los abogados del demandado adelantaron que llegarán a la Máxima Instancia

En México, el ex presidente del PRI, Humberto Moreira, logró que la Justicia en lo Civil le impusiera una condena por daño moral al periodista y académico Sergio Aguayo, que deberá pagarle medio millón de pesos.

El litigio se generó con motivo de una columna que denunció actos de corrupción del ex gobernador de Coahuila tras ser detenido en Madrid, España, en 2016, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho.

En marzo del año pasado, los abogados del demandado lograron que el juez de primera instancia rechazara la acción. En esa oportunidad, numerosos organismos internacionales celebraron la decisión y enfatizaron que consideran que el reclamo del líder político carece de fundamentos.

El 20 de enero de 2016 se publicó en el diario mexicano Reforma el texto en el que Aguayo expuso la pasividad de las autoridades mexicanas ante el combate a la impunidad y la corrupción.

En su artículo, el periodista señaló: «Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana».

Luego de ser notificada de la condena, la defensa de Aguayo sostuvo que hay “indicios de corrupción” en la decisión del magistrado.

Aunque ya depositó 24 mil dólares como garantía para evitar el embargo del de su representado, considera que la nota está protegida por la normativa vigente en México; especialmente, porque Moreira fue imputado.

Abogado

En ese sentido, el abogado Héctor Beristain indicó que en el caso se cumplió con “la labor de cercioramiento” que exige la ley y adelantó que llegarán hasta la Suprema Corte de Justicia.

“En los últimos 15 años el máximo tribunal mexicano se ha pronunciado a favor de la libertad de expresión e imprenta en casos de conflicto con el derecho al honor. El juez en esta ocasión se aparta de los parámetros nacionales e internacionales. Es ridículo”, precisó.

Por eso, expuso que el magistrado de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, Francisco José Huber Olea, fundó su sentencia en una legislación derogada, más punitiva que la actual, y sugirió que decidió motivado por conflictos de intereses.

Exigencias

En la misma línea, Aguayo manifestó que en nuevo fallo “solo se explica porque hay jueces y magistrados dispuestos a apoyar a Moreira en sus exigencias”; ello así, desde el momento que aceptaron una apelación en la cual el supuesto fijó el monto de la indemnización, la cual se otorgó con “sorprendente celeridad”.

La gestión de Moreira en Coahuila, entre 2005 y 2011, estuvo plagada de sospechas de corrupción. En 2012 renunció a la presidencia del PRI, nueve meses después de asumir el cargo, y a las puertas de las elecciones presidenciales que le darían la victoria a Enrique Peña Nieto.

Su detención en Madrid, a petición de un tribunal de Estados Unidos que investiga una red de blanqueo de Coahuila, región fronteriza con Texas, fue un punto de inflexión en el esclarecimiento de prácticas mafiosas para financiar campañas políticas.

Tras un año arrestado, fue liberado por falta de pruebas y volvió a México, donde defiende su inocencia.

Durante su Gobierno, Coahuila sufrió un incremento de la violencia del crimen organizado y se convirtió en un feudo de Los Zetas, un cartel formado por ex militares de élite y considerado de los más salvajes de México.

Los Zetas

Desde 2016, Aguayo, en su faceta de investigador, lidera las tareas para documentar uno de los episodios más oscuros del estado norteño. Ocurrió en marzo de 2011, en la época de mayor actividad de Los Zetas, cuando un comando sitió el pueblo fronterizo de Allende, en la frontera con EEUU, y demolió casas con retroexcavadoras y torturó y mató a supuestos colaboradores de la DEA:

Aún no hay acuerdo sobre sobre cuánto duró el ataque ni sobre el número de muertes.

Aguayo conecta su pesquisa, que lleva adelante con el auspicio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, con la ofensiva judicial iniciada por el ex mandatario estatal. “Mi hipótesis es que Moreira me demanda cuando se entera que voy a investigar el caso de Coahuila. Hemos logrado avances notables y podemos asegurar que Los Zetas implantaron su presencia en el territorio en los años en que era gobernador. No tenemos la evidencia del papel jugado por Moreira, pero creo que esta investigación está detrás de esta operación judicial”, declaró.

Hace poco menos de un año, Aguayo cerró tres años de batalla judicial.

El también escritor e historiador con 48 años de trayectoria fue desvinculado del reclamo del ex gobernador, por falta de pruebas.

El sentenciante tuvo en cuenta que la libertad de expresión y los motivos profesionales del autor de la columna que estaban por encima de los posibles daños a la moral causados a Moreira.

En aquel entonces, el periodista planteó que la finalidad del demandante no era ganar, sino “hostigarlo, agotarlo y endeudarlo” para que dejara de indagar sobre su responsabilidad en las matanzas que perpetraron los cárteles, como la de Allende o la que se dio en la prisión de Piedras Negras.

Métodos

«Mi caso evidencia que los métodos de acoso a los periodistas en México no sólo consisten en amenazas de muerte, sino también en el hostigamiento judicial. Muchos colegas, sobre todo de fuera de la capital, no han tenido tanta suerte como yo y hasta han tenido que hipotecar su casa para hacer frente a los costos del juicio», denunció.

El columnista relato que aunque el bufete de abogados que lo representó lo hizo sin cobrarle, en tres años gastó más de 20 mil dólares.

Aguayo criticó que el modus operandi de Moreira estuviera ampliamente extendido en México y que no esté contemplada en ninguno de los mecanismos de protección a periodistas.»Quiero que se conozcan este tipo de casos para llamar la atención sobre un problema mayúsculo, que es el uso de la demanda por daños a la moral para acosar a quienes escribimos de manera independiente», expresó.

Ahora, se prepara para seguir litigando.

“En los últimos 15 años el máximo tribunal mexicano se ha pronunciado a favor de la libertad de expresión e imprenta en casos de conflicto con el derecho al honor. El juez en esta ocasión se aparta de los parámetros nacionales e internacionales. Es ridículo”.

( Héctor Beristain, abogado del demandado).

 

Artículos destacados