ESCUCHAREl histórico juicio que se sigue en contra de Luciano Benjamín Menéndez y otros siete represores acusados por delitos de lesa humanidad culminará el próximo jueves 24 de julio, día en el que los ocho imputados podrán hacer uso de la última palabra, antes de la deliberación final de los jueces.
La fecha fue fijada por el Tribunal Oral Federal Nº 1 en el cierre de los alegatos que terminó con un pedido de absolución de los abogados defensores para todos los imputados.
La audiencia de ayer comenzó con la exposición de los asesores oficiales que representan a todos los imputados, excepto al ex capitán Jorge Agüero, quien es defendido por Alejandro Cuestas Garzón y Jorge Agüero. A su turno, la asesora oficial, Mercedes Crespi, insistió en dos planteos jurídicos que ya fueron tratados en el marco de esta causa: la inconstitucionalidad del juicio y la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.
Dejando sentada dicha postura, la defensa de los represores pidió que se declare la nulidad de toda la prueba testimonial. Para Crespi, los testigos no fueron aislados correctamente, pudieron comunicarse entre sí y tuvieron acceso a la amplia difusión que la prensa hizo del desarrollo de las audiencias.
Puntualmente, la letrada cuestionó a tres testigos claves que pasaron por el debate oral. En primer término se refirió a la actual funcionaria del Ministerio de Defensa y ex sobreviviente de La Perla, Mirta Iriondo, quien durante la audiencia oral expresó su deseo de que haya condena en este juicio. Cabe destacar que Iriondo fue una de las personas que declaró haber visto y cuidado a los cuatro militantes del PRT luego de haber sido torturados en el ex centro clandestino de detención. Crespi también recordó las declaraciones del ex conscripto, Julio Suárez, y el ex gendarme, Carlos Beltrán, cuyos testimonios calificó como “inverosímiles” y “contradictorios”.
Todos hacían todo
La defensa oficial pidió la absolución de los acusados basándose en el principio de culpabilidad y el beneficio de la duda. Para la abogada no quedó probado en el debate oral que sus asistidos realmente hayan participado del secuestro, tortura y asesinato de las víctimas de esta causa. En tal sentido, criticó el alegato de las contrapartes que acusaron a los ocho imputados bajo la premisa de que “todos hacían todo” (torturaban, fusilaban, secuestraban). “El dolo debe ser siempre probado”, explicó Crespi, a lo que agregó: “es inédito (..), es impropio de un Estado de derecho. No es así como se imputan penalmente los hechos, se imputan específicamente (…). Esto afecta el principio de culpabilidad”.
Juicio político
Siguiendo el mismo razonamiento que su codefensora, Máximo Liva remarcó que no surgió del juicio ninguna “prueba directa” contra los acusados. “Este es un juicio de certeza, no es un juicio político (…) no se puede ir de una probabilidad a otra probabilidad”, remarcó.
Tomando las palabras de uno de los abogados querellantes, Liva señaló que si bien se “trata de un juicio jurídicamente especial”, no lo es tanto como para que el Tribunal se aparte de la sana crítica racional. Sumándose a Crespi, el abogado también alegó que ninguno de los testigos puede ser valorado porque “no son independientes ni neutrales”.
Respecto de la pena solicitada por la querella y la fiscalía, Liva advirtió
