ESCUCHAREn Mendoza, el conflicto salarial entre anestesistas y el Gobierno provincial -que ya lleva 80 días y generó la renuncia de 68 profesionales- derivó en la aprobación exprés de una ley que les prohíbe dimitir por cuatro meses, para reactivar operaciones retrasadas.
La norma es aplicable a todos los estatales, independientemente de su forma de contratación.
Para los especialistas, se trata de una norma inconstitucional y, por eso, amenazan con acudir a la Justicia para frenarla.
La nueva ley permite la suspensión de la matrícula de quienes no retomen el servicio e incluye a los que ya renunciaron. También convoca a los jubilados a cubrir las guardias vacantes.
El proyecto de la ley fue presentado el viernes 13 y dos días hábiles después, el martes 17, fue aprobado. Declara la emergencia en la especialidad en todos los servicios sanitarios del sector público de Mendoza por el plazo de 120 días, con posibilidad de prórroga por otro período igual por única vez.
Esto implica que los anestesiólogos no puedan renunciar y que los que ya lo hicieron deban retomar sus empleos en el sector público.
Según la legislación, el objetivo es “asegurar a la población el acceso a los servicios de anestesiología de forma equitativa y oportuna”.
Libertad
Arturo Salassa, vocero de los anestesistas, declaró que la normativa atenta contra la libertad. “Quieren hacernos trabajar de manera forzada bajo pena de suspender la matrícula, por remuneraciones bajísimas”, dijo.
En tanto, la Asociación Mendocina de Anestesiología (AMA) manifestó que los legisladores que votaron a favor de la ley “son responsables solidarios junto al Ejecutivo” de cualquier evento que ponga en peligro la vida de un paciente.
Los profesionales autoconvocados piden ganar 65 mil pesos por guardia por fin de semana y 50 mil durante la semana.
Para la ministra de Salud, Ana María Nadal, los galenos buscan “una posición de privilegio” respecto a otros profesionales que “realizan tareas de igual o mayor criticidad y complejidad”.
La funcionaria juzgó también que pretenden “privatizar el servicio de anestesia con un costo 139% mayor de lo que se invierte”, concentrando las ganancias “en un grupo reducido”.
