El diputado nacional Máximo Kirchner y la ex ministra de Defensa y Seguridad, Nilda Garré, fueron sobreseídos en una causa en la que se investigó si manejaban millonarias cuentas en dólares en el exterior.
El fallo lo dictó el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, en el sumario penal abierto a raíz de la denuncia presentada en marzo de 2015 por el empresario Juan Ricardo Mussa, basada en notas periodísticas.
El magistrado sostuvo que durante la pesquisa «no se advirtió que exista algún tipo de valor, activo y/o bienes radicado y/o registrado en el exterior bajo la titularidad y/o a favor de las personas humanas y entidades y/o sociedades jurídicas acusadas».
En la misma pesquisa, y también por falta de pruebas, se dispuso el sobreseimiento de ex diputado del Frente para la Victoria de Santa Cruz, Henry Olaf Aaset ,y María Paula Abal Medina, hija de Garré.
Mussa se basó en artículos periodísticos, publicados en la Argentina y en Brasil, que indicaban que el legislador y la ex ministra tendrían el control de cuentas en bancos de los Estados Unidos y de las Islas Cayman, por más de 60 millones de dólares.
Según expuso en su momento, aquéllas estaba radicadas en los bancos Felton (en Delaware, Estados Unidos) y Morval Bank Trust Lmited (de las Islas Cayman).
A Garré, también ex embajadora en Venezuela, se le atribuía, además, ser la cotitular de cuentas con sumas multimillonarias en el banco Tejarat, en Teherán, Irán, a nombre de la empresa Consulting Engineers Company.
La ex funcionaria negó poseer cuentas secretas en el exterior y dijo que sólo tenía las correspondientes a su cargo, en el banco HSBC de Washington.
Luego de que el fiscal federal Federico Delgado impulsó la investigación en orden a los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, Martínez De Giorgi dispuso una serie de medidas de prueba; entre ellas, pedidos de informes y la declaración testimonial del periodista Daniel Santoro, autor de una de las notas.
Los informes desde los Estados Unidos fueron negativos, en tanto que, según constancias de la causa, las autoridades de Irán concluyeron que «no era viable brindar el auxilio solicitado» y devolvieron el pedido de asistencia legal.