Luego de que IDEA fustigara el plan del oficialismo para ampliar la integración de la Corte Suprema de cinco a 25 jueces, otras entidades empresarias manifestaron su preocupación por el proyecto.
El Foro de Convergencia Empresarial apuntó a la necesidad de “contar con un marco institucional que genere confianza y previsibilidad” para “procurar un desarrollo sostenido de la economía, generar trabajo, atraer inversiones y disponer de recursos genuinos para cumplir los fines del Estado”.
“La proyectada ampliación del número de integrantes del más alto tribunal, ya cuestionada desde el punto de vista constitucional por la Academia Nacional de Derecho, genera además incertidumbre para el sector productivo e inversor, que requiere de reglas estables que no afecten el sistema republicano de gobierno establecido por nuestra Constitución”, señaló también.
Por su parte, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa consideró que la propuesta -respaldada por el presidente, su vice y gobernadores del Frente de Todos- es “una manipulación de las instituciones” cuyo “verdadero fin de someter a la justicia al poder ejecutivo, en una clara alteración de la independencia de poderes”.
A su turno, IDEA manifestó que la iniciativa constituye “un mensaje negativo grave que va en contra de la necesidad de constituir y mantener instituciones sólidas”.
Cabe recodar que durante el fin de semana, mediante un duro comunicado, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó su rechazo al proyecto de ley del Frente de Todos y definió como “insólita” la pretensión de establecer una “Corte Federal”, asegurando que el objetivo de la propuesta es “subordinar completamente” el Máximo Tribunal al poder político.
“La Corte ya es federal. Como único Tribunal creado por la Constitución Nacional, es la cabeza del Poder Judicial Federal y sólo puede intervenir en cuestiones de interpretación de la Constitución o de las leyes federales”, enfatizó.
Paralelamente, recordó que sus integrantes son designados por el presidente y deben contar con acuerdo de la Cámara Alta, que reúne a los representantes de las provincias.
Bajo esa premisa, juzgó que el actual gobierno pretende instaurar “un Senado paralelo de carácter jurisdiccional”.
El Colegio de Abogados porteño denunció también que el proyecto “desconoce de manera palmaria la naturaleza del Poder Judicial en general” y de la Corte en particular”, ya que no es un órgano representativo ni corporativo. “Parecería que cada ministro del tribunal fuera a representar a una provincia. Es fácil inferir, entonces, que no se espera de ellos que apliquen la Constitución y las leyes a los casos en los que deban intervenir, sino que sus fallos reflejen los intereses de sus mandantes”, disparó la entidad.
“Paradójicamente, una Corte ‘federal’ perdería la atribución de asegurar la supremacía federal”, añadió.
