ESCUCHAREl venezolano, el nicaragüense y el cubano, en la mira de la comunidad internacional por violaciones a los DDHH en sus respectivos países, aterrizarían en suelo argentino para asistir a la cumbre de la CELAC, el próximo martes 24
La Coalición Cívica-ARI manifestó su rechazo por la posible llegada al país de Nicolás Maduro (Venezuela), Miguel Díaz Canel (Cuba) y Daniel Ortega (Nicaragua) para asistir a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se hará el próximo 24 de enero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“El camino del Estado de derecho es el único posible para alcanzar una región próspera y en paz. No podemos con nuestro silencio avalar regímenes que no respetan la voluntad popular, los derechos de las minorías, ni permiten la pluralidad política y la diversidad y libertad en materia de género, así como la división de poderes”, señaló el espacio que conduce Elisa Carrió.
En esa línea, expuso que “el doble standard” con los autoritarismos genera “democracias cada vez más agrietadas y sociedades polarizadas”.
En tanto, manifestó que los ataques a las instituciones y a la prensa libre, así como la persecución de opositores que se registran en Venezuela, Nicaragua y Cuba “deben ser repudiado por todos los gobiernos democráticos de la región”.
Durante las últimas horas, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, usó su cuenta de Twitter para reiterar su repudio a la eventual presencia de los tres mandatarios.
Se enfocó en Maduro y escribió que si finalmente viene a la Argentina “debe ser detenido de manera inmediata por haber cometido crímenes de lesa humanidad, tal como ocurrió con Pinochet en Londres, en 1998”.
“La Justicia debe actuar en resguardo de la vigencia universal de los derechos humanos”, sumó la dirigente.
Desde hace días, el arco opositor fustiga la posible visita de los mandatarios centroamericanos.
Por Juntos por el Cambio, Bullrich difundió un texto en sus redes sociales que reza: “¡Queremos una Argentina libre de dictadores! Digamos todos juntos no a la ‘visita’ de presidentes autócratas. Nuestro país no es un aguantadero”.
En la misma red social, Cristian Ritondo fustigó la intención del Gobierno de “recibir con los brazos abiertos al dictador Nicolás Maduro”.
“En Venezuela persiguen, torturan y asesinan a quienes piensan diferente”, sumó.
Decisión geopolítica
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, también rechazó lo que definió como “la decisión geopolítica del Gobierno Nacional de alinearse a Maduro, Ortega y Díaz-Canel”, a quienes calificó como “nefastos dictadores disfrazados de revolucionarios que avalan la sistemática violación de DDHH en sus países”.
Desde el sector liberal, el líder de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, aseguró que la “sola presencia” de Maduro, Ortega y Díaz Canel es un “insulto a la democracia”.
Por su parte, el líder de Avanza Libertad, José Luis Espert, presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados tildando a los tres mandatarios de dictadores y cuestionando lo que describió como las “alianzas internacionales del kirchnerismo” con “gobiernos autocráticos” para “promover un modelo antirrepublicano que nada tiene que ver con nuestra esencia nacional”.
Paralelamente, el economista advirtió que el Gobierno avanza hacia “una profundización de un ejercicio político autoritario que se quiere llevar puesto a los poderes del Estado” y que su “modelo a seguir” son los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Dictadores
En tanto, el Foro Argentino por la Democracia en la Región (Fader), conformado por dirigentes políticos, intelectuales, periodistas y referentes de los derechos humanos, publicó un video contra la invitación de Fernández a la cumbre de la Celac a Maduro, Ortega y Díaz Canel.
Se titula “Dictadores nunca más” y afirma que para un país como la Argentina, que no olvida los horrores de su propia dictadura, su visita es una ofensa. También expuso que agravia y provoca a “miles de migrantes”.
Además, critica la sistemática a violación a los derechos humanos en Venezuela, denunciada por organismos internacionales en la Corte de La Haya; ataca al régimen cubano por tener presos políticos “desde que Fidel Castro llegó al poder en 1959” y fustiga la situación “represiva y sangrienta” en Nicaragua.
Los integrantes del foto le reclamaron al presidente que anule las invitaciones. “No son bienvenidos. ¡Suspenda esto! Entienda que en la argentina “nunca más” significa… ¡nunca más!”, concluyeron.
Justicia
Fader presentó una denuncia ante la justicia federal, los tribunales de Comodoro Py, contra Maduro, Ortega y Díaz Canel por violaciones a los derechos humanos.
El escrito -que quedó en manos del juez Sebastián Casanello y del fiscal Germán Pollicita- se sustenta en numerosos informes de prestigiosos organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONG Human Rights Watch (HRW), que reportan la persecución política a organizaciones civiles y personas físicas en Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Reseñó que siete millones de venezolanos tuvieron que abandonar su país desde que irrumpió la dictadura chavista y que muchos fueron presos políticos y sufrieron vejaciones y torturas.
Señaló que en Cuba se da una cuadro de situación similar y destacaron que en la isla no hay elecciones libres desde que la dictadura castrista tomó el poder, en 1959.
Sobre Nicaragua, precisó que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) más de 600 ciudadanos fueron asesinados en los últimos meses y que el régimen que encabeza Ortega clausuró la mitad de las organizaciones sociales que brindan asistencia en barrios.
ONU
En octubre pasado, Chile y Costa Rica fueron elegidos como nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al imponerse a Venezuela, que pugnaba con ellos por una de las dos plazas vacantes para los países de Latinoamérica y el Caribe.
Tras la decisión de la asamblea, Fader celebró la salida del organismo del régimen de Maduro y la llegada de Chile y Costa Rica, dos países que, según consignó en un comunicado, “sí existe democracia y Estado de derecho”,.
“Es una sanción al régimen y, al mismo tiempo, un reconocimiento a los valientes demócratas, a las ONG y organizaciones defensoras de derechos humanos y a las víctimas que siguen alzando la voz pidiendo Justicia”, añadió.
“Cometer crímenes de lesa humanidad debe tener costos internacionales,y uno de ellos debe ser el aislamiento en los organismos internacionales que, justamente, son los encargados de velar por el cumplimiento de los derechos humanos”, cerró el texto.
Venezuela optaba a la reelección, pero numerosos grupos de defensa de los derechos humanos habían pedido votar en su contra por el historial de represión del régimen chavista.
Un mes antes, en septiembre de 2022, la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Venezuela presentó su tercer informe anual.
Abordó la posible comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de los servicios de inteligencia que responden a Maduro, así como la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras zonas del estado Bolívar.
Los investigadores concluyeron que las torturas perpetradas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) no fueron hechos aislados, sino parte de una “maquinaria” y “un plan del gobierno” para reprimir a la disidencia orquestado por el sucesor de Hugo Chávez.
El reporte indica que los organismos de inteligencia venezolanos funcionan como estructuras coordinadas para ejecutar órdenes dictadas por “los niveles más altos del gobierno” para reprimir a la opositores.
“Nuestras investigaciones y análisis demuestran que el Estado venezolano se apoya en los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia. Al hacerlo, se están cometiendo graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, señaló Martha Valiñas, presidenta de la misión de la ONU.
“Estas prácticas deben cesar inmediatamente, y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley”, agregó.
Según Valiñas, las autoridades del régimen, incluido Maduro, no respondieron a las consultas y llamadas de la misión y convocó a la comunidad internacional a continuar monitoreando de cerca la evolución de los acontecimientos en Venezuela.
En sus informes anteriores, la ONU ya citó el significativo rol de los dos servicios de inteligencia militar y civil del régimen chavista en la comisión de violaciones de derechos humanos desde 2014.
El nuevo reporte ofreció una comprensión más detallada del papel de personas de distintos niveles en las cadenas de mando en la ejecución de un plan orquestado por Maduro y otras personas de “alto nivel” para reprimir a la oposición, incluso mediante la comisión de “gravísimos actos de tortura que equivalen a crímenes de lesa humanidad”.
La documentó 122 casos de víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes del DGCIM en la sede del organismo de inteligencia en Boleíta (Caracas) y “en una red de centros de detención encubiertos en todo el país”.
Determinó que el SEBIN, por su parte, perpetró actos de tortura y maltrato contra detenidos -entre ellos, políticos opositores, periodistas, manifestantes y activistas por los derechos humanos- principalmente en el centro de detención de El Helicoide, también ubicado en la capital del país.
El documento, concluye que el SEBIN y la DGCIM “hicieron un amplio uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos”.
“Las violaciones y los crímenes del SEBIN y la DGCIM continúan hasta hoy. Se mantienen las mismas estructuras, dinámicas y prácticas, mientras que funcionarios relevantes siguen trabajando para los organismos, y en algunos casos hasta han sido promovidos”, apuntó la misión.
