ESCUCHARSon las aspiraciones del Máximo Tribunal. La oficina estará bajo la dirección del presidente de la Cámara Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun. Además, tendrá un director y cuatro subdirectores.
Finalmente, después de idas y vueltas y una prórroga a último momento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió hacerse cargo de la atribución que le dio el Poder Ejecutivo Nacional y, en una acordada firmada este lunes, creó el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (Dicom) del Poder Judicial de la Nación.
La Acordada 2/2016, suscripta por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, determinó que eI organismo “tendrá autonomía de gestión” respecto del Máximo Tribunal y sus autoridades tendrán “facultades para adoptar, bajo su exclusiva responsabilidad, las decisiones conducentes al cumplimiento de los objetivos dispuestos en esta acordada”.
Igualmente, la Corte mantendrá facultades de modificar la estructura del organismo mediante acordadas, y de revocar el mandato de sus autoridades, “si se detectaran incumplimientos graves basados en informes de auditoria”.
El Tribunal creó una nueva estructura para el órgano, que pasará a estar bajo la dirección del presidente de la Cámara Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun. En caso de licencia, la vacante la ocupará Javier Leal de Ibarra, presidente de Ia Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
Precisiones
La acordada fija entre los objetivos de la dirección el de dar trámite al cumplimiento de las medidas “referentes a la interceptación y captación de comunicaciones privadas de cualquier tipo, que fueran requeridas por los magistrados judiciales del Ministerio Publico Fiscal” y para ello deberán cumplirse principios como el de la promoción de la transparencia.
Además, el Tribunal propone la capacitación de operadores jurídicos quienes deben poder “obtener métodos más eficientes de intervención” y ser capaces de “evaluar la oportunidad de la duración de las intervenciones”.
Respecto de la “minería de datos”, la acordada establece que se buscará “actualizar la modalidad. En especial, establecer como método alternativo de colaboración con los operadores jurídicos el proceso que intente descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos”, como también “la utilización de la mejor tecnología disponible en minería de datos, la cual consiste en extraer información de un conjunto de datos y transformarla en una estructura comprensible para su uso procesal posterior”.
La Corte también fija un apartado especial con respecto a las “nuevas tecnologías de investigación” y la relación de la dirección con las compañías telefónicas.
“Se procurará la actualización de la tecnología disponible y la incorporación de métodos alternativos de intervención”, adelanta la acordada.
Estructura de gobierno
Según se resolvió, eI organismo estará a cargo de un juez penal con rango de juez de Cámara por un período de un afín, no renovable, y contará además con un director y cuatro subdirectores. Existirá, asimismo, un organismo de auditoría, que estará a cargo de la Corte.
La dirección funcionará con Ias partidas presupuestarias asignadas y los recursos financieros transferidos por el Tesoro Nacional en el marco de la Ley de Autarquía del Poder Judicial de la Nación, y su personal deberá ser contratado dentro del Poder Judicial de la Nación con las partidas presupuestarias asignadas.
De la Procuración al Máximo Tribunal
La muerte del fiscal Nisman significó un sismo institucional para el gobierno de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. Tanto fue así que, poco después de una semana de la muerte de Nisman, la ex mandataria anunció un proyecto de modificación de la antigua Ley de Inteligencia Nacional, la N° 25520. Esta ley, sancionada a fines de febrero de 2015, creó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y dispuso el pase de la oficina que se encarga de realizar las escuchas telefónicas de la Secretaría de Inteligencia -antecesora de la AFI- al ámbito de la Procuración General de la Nación.
Con la llegada al gobierno de Mauricio Macri, por medio del decreto 256/2015 del 29 de diciembre de 2015, el presidente ordenó la transferencia del Dicom a la órbita de la Corte Suprema. El Ejecutivo, además, encomendó a la Corte el dictado de un reglamento sobre las nuevas funciones. La Corte acusó recibo y aplicó sus tiempos y, en el último acuerdo del año, decidió, mediante la acordada 45/15, postergar hasta el 15 de febrero de 2016 la transferencia dispuesta por el mencionado decreto.
