ESCUCHARLos imputados habrían ordenado y ejecutado «estaqueamientos” y “enterramientos” para controlar las supuestas indisciplinas ante la falta de alimento y abrigo
En el marco de la causa en la que se investiga la responsabilidad de ex integrantes del Ejército en la imposición de torturas a conscriptos durante la Guerra de las Malvinas, la jueza federal de Río Grande (Tierra del Fuego), Mariel Borruto, citó a declaración indagatoria a 24 ex militares.
El objeto procesal se centra en 22 hechos que habrían tenido lugar en la Isla Gran Malvina, en el ámbito de tareas de la Fuerza de Tareas Yapeyú, en la que los imputados habrían ordenado y ejecutado distintos actos -como «estaqueamientos” y “enterramientos”- para controlar las supuestas indisciplinas de la tropa ante la falta de alimento y abrigo.
En representación del Ministerio Público Fiscal interviene Marcelo Rapoport.
El agente presentó el pedido de indagatorias en mayo del año pasado, con asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH). El Juzgado Federal, por entonces a cargo de Federico Calvete, había hecho lugar a la solicitud.
La medida fue suspendida por Borruto, quien alegó falta de espacio y personal para llevar adelante el acto procesal. Las audiencias reprogramadas se harán los días 5 y 6 de diciembre.
Trámite
En octubre de 2018, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia (Chubut) dispuso que continuara el trámite de la pesquisa.
Por mayoría, confirmó lo resuelto por el Juzgado Federal de Río Grande, que en su momento rechazó los planteos de cosa juzgada y de excepción de falta de acción por prescripción elevado por la defensa de uno de los encartados.
En otro decisorio, los jueces Hebe Corchuelo de Huberman, Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez dejaron firme la participación como querellantes de la Secretaría de Derechos Humanos de Buenos Aires; de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, entre otros.
La investigación comenzó en 2007. Dos años después, en noviembre de 2009, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que no cabía atribuirles a los hechos el carácter de crímenes de lesa humanidad y opinó que por el tiempo transcurrido correspondía dictar la prescripción. Ese fallo fue confirmado en febrero de 2015 por la Corte Suprema.
Desde entonces se sumaron denuncias nuevas y se agregaron distintas actuaciones que fueron remitidas por incompetencia desde otros juzgados federales. Incluso, se acumularon exposiciones formuladas antes de 2009, que no integraron la causa.
Imputado
Al resolver los recursos que promovió la defensa oficial del imputado Jorge Taranto, la Cámara estableció que la causa continúe abierta siempre y cuando se trate de hechos que no hayan conformado el objeto de la sentencia dictada por la Máxima Instancia en lo penal del país.
En tanto, con respecto al planteo de prescripción, el voto mayoritario valoró que era adecuada la decisión de aplazar el pronunciamiento hasta la colecta de datos suficientes que permitieran acreditar si se trata de crímenes de lesa humanidad. En este mismo sentido se había pronunciado Norberto Bellver, fiscal de Cámara.
En junio de este año, el fiscal General ante la Casación, Javier De Luca, ratificó que los supuestos actos de torturas son crímenes de lesa.
Sin embargo, en forma paralela, continúa una disputa sobre si esos hechos se encuentran prescriptos o si por su naturaleza deben ser investigados más allá del paso del tiempo.
Aunque la alzada de Comodoro Rivadavia resolvió en que la causa debía continuar, la decisión fue recurrida por uno de los implicados, Jorge Ferrante, y llegó a la Casación Penal.
En ese contexto, el fiscal De Luca solicitó a los jueces que se declare a los hechos investigados “crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos” y sostuvo que “se encuentra involucrada la responsabilidad internacional del Estado argentino”. Según De Luca, la prohibición de la tortura y tratos inhumanos es “absoluta e inderogable, aun en tiempos de guerra, en caso de amenaza a la seguridad nacional o de lucha contra el terrorismo o por cualquier otra razón”.
