ESCUCHAREn 2015 alcanzaron 12.294, la máxima histórica en términos nominales. No obstante, según datos constatados en 2016 y proyectados al cierre del año, la cifra se mantendrá estable. Por el contrario, en el país se estima que las acciones superarán 122 mil, 16% más que un año atrás. La UART advirtió de que la escalada sucede pese a la baja en los accidentes de trabajo.
La provincia de Córdoba cerrará 2016 con una estimación de 12.294 juicios por accidentes de trabajo, apenas por debajo de la cifra registrada el año anterior, y de esta manera frenará una escalada que había alcanzado su valor récord en 2015.
Los datos corresponden a un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), basado en cifras oficiales a marzo pasado.
De corroborarse las proyecciones, si bien la provincia de Córdoba continuará tercera en el ranking nacional de juicios iniciados cada 10 mil trabajadores asegurados, habrá detenido su evolución positiva a contramano del resto del país, que se estima cerrará en torno a 122 mil demandas, 16 por ciento más que un año atrás.
La suba en la litigiosidad se produjo pese al descenso en el número de accidentes de trabajo, según indicó la UART, que volvió a advertir respecto a la existencia de una “industria del juicio”, particularmente en algunos distritos.
Según los datos suministrados por la institución, Córdoba debió afrontar 56% de incremento en las demandas judiciales por accidentes de trabajo en los últimos tres años: mientras que en 2013 se presentaron 7.864, en 2015 la cifra trepó a 12.294.
En ese marco, la UART convocó “a empleadores, trabajadores, representantes gremiales y empresariales, prestadores, profesionales y técnicos, así como a los integrantes de los poderes del Estado y a la comunidad toda, a promover y a realizar un uso responsable del Sistema”.
Es que si bien Córdoba mostrará un descenso o al menos un freno en el crecimiento de los litigios, sigue tercera en el ranking (en 2015 cerró con 214 juicios cada 10 mil asegurados), apenas por debajo de los 279 de Santa Fe y 246 de Mendoza; se sitúa muy por encima de la ciudad de Buenos Aires (167) y de Buenos Aires (96).
De todas formas, la situación de Córdoba se diferencia de la dinámica que registra el país.
Mientras que en 2014 en éste se iniciaron 88.567 juicios, el año pasado la cifra trepó a 106.021, 20% más. Y las proyecciones para 2016 se ubican en 122.628 juicios, “provocando que el sistema posea mayores gastos operativos con recursos que bien podrían destinarse a la prevención, capacitación y mayores prestaciones para el beneficio de la masa trabajadora”.
La entidad estimó que la solución del problema tiene tres puntos claves. Por un lado, “un paliativo es transmitir esta distorsión a cada actor partícipe del sistema para que esté informado sobre la delicada situación y colabore en generar el consenso social para su pronta corrección. Una condición necesaria es mantener el compromiso de las aseguradoras con la calidad de cobertura y la solvencia del sistema, para lo cual el financiamiento del mismo es clave. En cuanto a las soluciones de fondo, también sería una contribución importante disponer, en el ámbito de la provincia, de una regulación del quehacer pericial (creación de un cuerpo médico forense especializado en el ámbito provincial, con remuneración fija para los peritos no vinculada con el resultado del litigio ni con su monto), así como la utilización obligatoria del Baremo y el Listado de Enfermedades de conformidad con lo estipulado en el art. 9º de la Ley 26.773”.
Del análisis por jurisdicción, se descubre que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el distrito donde más demandas se inician -44% del total-, mientras que en la provincia de Buenos Aires se plantean 16,3% de ellas. En tercer lugar se ubica la provincia de Santa Fe (presentando un aumento de 7% y una participación de 14,5% del total). Córdoba evidencia una disminución de 3% respecto del año 2015 y tiene una participación de 11,4% del total.
La media de juicios del país es de 133 por cada 10 mil trabajadores cubiertos.
“La consecuencia de esta creciente conflictividad es un aumento de gastos operativos y de cobertura, que necesariamente se trasladan al costo laboral con su correspondiente impacto en la economía en su conjunto”, señaló la UART.
