ESCUCHAREl fiscal federal Diego Luciani participó en el Encuentro Internacional de la Corrupción Transnacional organizado por Transparencia Internacional, en Madrid.
Durante su intervención, el acusador del caso “Vialidad” que logró la condena de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner enfatizó que el sistema judicial debe actuar con firmeza. “La Justicia no puede ser garante de la impunidad”, postuló.
En esa línea, destacó la necesidad de asegurar que los responsables cumplan con las penas y subrayó que, para que tengan sentido, es imprescindible que los bienes provenientes de la corrupción regresen al Estado.
Luciani dijo además que “el sistema de control en Argentina fue creado para darle posibilidades a los corruptos” y valoró que es “un mensaje muy malo para la sociedad”.
Panorama
En tanto, aseguró que con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia la lucha contra la corrupción se tornó más compleja. Recordó que luego de que asumió la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) modificaron sus roles y dejaron las querellas. “La Unidad de Información Financiera se transformó prácticamente en una defensa más”, sumó.
También denunció que sufrió presiones y “todo tipo de intromisiones” por parte del gobierno durante el juicio. Recordó, por ejemplo, el episodio en el que Fernández, durante una entrevista, dijo que el fiscal Alberto Nisman se quitó la vida e insinuó un final similar para él.
13 de noviembre
El próximo 13 de noviembre, la Cámara Federal de Casación Penal dará a conocer su sentencia en “Vialidad”.
La definición tomó estado público a principios de octubre. Después, la encausada se lanzó como candidata a presidir el Partido Justicialista Nacional.
En diciembre de 2022, Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por irregularidades en la adjudicación de obra pública a Lázaro Báez, en la Patagonia.
La sentencia la dictaron los jueces del Tribunal Oral Federal Número 2 (TOC2) Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Extraordinaria maniobra
Los jueces dieron por probada con certeza “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional” mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Aclararon que no juzgaron decisiones políticas y que su análisis se circunscribió a la forma en que se implementó una política pública; es decir, poner en marcha obras.
Entre las pruebas que valoraron para condenar a nueve de los 13 imputados reseñaron que, tal como expuso Luciani al alegar, los encargos para Santa Cruz fueron sistemáticamente adjudicados al grupo empresarial de Báez y que tanto su conformación como su crecimiento fue exponencial y “directamente asociado” con la asignación de obras.
Concluyeron que en el caso hubo un perjuicio “descomunal y sin precedentes para las arcas públicas” que cuantificaron en 84 mil millones de pesos. Razonaron que ocurrió por la diferencia entre el monto de las obras en los pliegos de licitación y el precio final que se pagó, por la “concurrencia cartelizada al proceso licitatorio” y por sobreprecios.
Asimismo, establecieron que los beneficios sucedieron por “la existencia de vínculos promiscuos y corruptos” entre funcionarios y contratistas.
Para los jueces, aquellos lazos fueron determinantes para la concreción de una defraudación en la que, determinaron, “predominó una ficta legalidad” para instrumentar procesos y decisiones administrativas que buscaron “asegurar y disimular un beneficio ilegítimo” a favor de, por lo menos, dos acusados: Fernández de Kirchner y Báez. “Ha sido dirimente, en esa lógica, la comprobación de un interés manifiesto sobre el plan criminal de la por entonces presidenta”, recalcaron.
Hotesur y Los Sauces
Hicieron alusión a las actuaciones en trámite por Hotesur y Los Sauces, los hoteles e inmuebles de la familia Kirchner que eran alquilados por Báez, y ponderaron que la principal acusada en “Vialidad” hizo “llamativos y groseros aportes personales en la estrategia criminal”; particularmente, en su etapa conclusiva, en 2015.
Sobre ese dominio sobre el hecho en su fase final, añadieron que también fue advertido respecto de quien actuaba como intermediario, tanto funcional como fácticamente, entre ambos beneficiarios del contubernio: el ex secretario de Obras Públicas José López.
La referencia es a lo que Luciani y Mola llamaron “plan limpiar todo”, por los mensajes de WhatsApp del celular de López que revelaron sus intercambios con la ex presidente y con Báez, sobre cómo pagarle al patagónico antes de que dejara el gobierno y para cerrar empresas, después.
Los jueces señalaron que además de tratarse de conductas ajenas al ámbito funcional de cada uno, las comunicaciones probaron la existencia de vínculos “estrechos y corruptos”.
Paralelamente, recordaron que las irregularidades en la concesión de trabajos viales fueron advertidas en causas judiciales, expedientes administrativos y en medios de comunicación. “Nos hemos encontrado ante un hecho inédito en la historia del país, pues se ha acreditado que ciertas decisiones trascendentales respecto de la marcha empresarial del grupo fueron adoptadas siguiendo órdenes expresas de los más altos integrantes del poder Ejecutivo Nacional”, indicaron.
