Los trabajadores de Cive seguirán con el reclamo en la Justicia

Después de varias reuniones en el Ministerio de Justicia, los empleados de la fábrica de parabrisas Cive estaban dispuestos anoche a cerrar las negociaciones con el empresario Hugo Ardiles, a quien la Justicia le otorgó el manejo de la empresa.
El acta acuerdo, que todavía no había sido firmada al cierre de esta edición, incluía la garantía de Ardiles de no concretar despidos arbitrarios y mantener la fábrica con sus puertas abiertas por el plazo de cuatro años y medio.
Aunque a prima facie el acuerdo entre las partes permitiría zanjar el dilatado conflicto, el abogado de los trabajadores, Gustavo Valdez, indicó a Comercio y Justicia que continuarán reclamando en la Justicia la explotación de la firma, a la vez que seguirán desconociendo a Hugo Ardiles como su dueño.
“Aunque parezca contradictorio este es un acuerdo que se firma en el marco de la urgencia en la que estamos inmersos”,destacó el abogado.

Dictamen

En el Poder Judicial se encuentra pendiente de resolución el recurso de casación planteado por los trabajadores para que sea el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) quien defina si Ardiles es el nuevo dueño de Cive, como lo ordenó la jueza Marcela Antenucci del juzgado Civil y Comercial de 52º nominación.
La decisión está en manos de la Cámara 2ª en lo Civil y Comercial. Si ésta resuelve en contrario a los trabajadores, éstos sólo podrían recurrir en queja directamente al TSJ.
Según el dictamen al que accedió este diario, el fiscal de la Cámara Civil y Comercial, Francisco Yunyent Bas, ya se manifestó a favor de otorgarles a los operarios la vía extraordinaria atento al “daño irreparable” que la decisión adoptada por la jueza implica a los empleados de Cive.
Con tono crítico, Yunyent Bas advirtió que la resolución de Antenucci no solamente implica “un agravio irreparable, sino que no tiene en cuenta las especiales circunstancias socio-económicas vigentes en la actualidad a partir de la crisis mundial”.
“La deficiencia de la argumentación legal, teñida no sólo de formalismo, sino también de desconocimiento de la realidad social inmersa en una crisis mundial sin precedente, impone admitir la causal casatoria en atención a la relevancia de los valores en juego”, advirtió el fiscal.

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