ESCUCHARLos empleados del Poder Judicial de Córdoba decidieron un paro de actividades de 24 horas que se concretará hoy en los diferentes edificios de los tribunales, tanto del interior como de la Capital provincial. En ese marco, realizarán una movilización hacia la Casa de Gobierno.
La medida de fuerza fue resuelta ayer en reunión directiva del gremio judicial, que optó porque los trabajadores de la ciudad abandonen sus puestos de trabajo a partir de las 10 de la mañana, horario en el que se concentrarán con sus pares del interior para marchar después hacia la sede del Ejecutivo provincial.
Según informó a Comercio y Justicia la titular del gremio, Irina Santesteban, la movilización prevé un alto en la nueva sede del Colegio de Abogados para asistir a la asamblea que realizarán los profesionales con motivo del conflicto gremial, que lleva más de dos meses y paraliza la actividad judicial.
Si bien desde la entidad gremial advierten que están dispuestos a sentarse a dialogar, Santesteban aseguró a este diario que no fueron convocados por el administrador del Poder Judicial, José María Las Heras y, por lo tanto, pedirán un encuentro “directo” con los vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Descuento
Paralelamente, y en respuesta a las medidas de fuerza que vienen sosteniendo los trabajadores, el TSJ decidió descontarles las horas no trabajadas durante las asambleas, a las que calificó como “medidas de acción directa”.
Por acordada, el Alto Cuerpo acusó a los judiciales de violar las recomendaciones de la OIT, las que estipulan que las asambleas que impliquen el retiro del personal durante el horario de atención al público deben notificarse con 48 horas de anticipación y realizarse sin afectar el servicio de justicia.
Para el TSJ,? “tales acciones no deben ser solventadas con los dineros con los que el ciudadano contribuye al funcionamiento del Poder Judicial” y, por lo tanto, decidieron proceder al descuento de las horas no trabajadas.
Cabe recordar que el máximo órgano judicial de la provincia, también por acordada, caratuló como acción directa el denominado “trabajo a código”, al que calificó como un grave incumplimiento de los deberes que tienen los empleados públicos.
