Los honorarios del perito no deben superar los del abogado

En el fallo de primera instancia, la Cámara 2ª del fuero encontró errores en la forma de aplicar la norma en cuestión, por cuanto los auxiliares habían aceptado sus cargo cuando regía el sistema anterior [privado] Al advertir la existencia de errores en la aplicación de la ley arancelaria para la regulación de los honorarios de los peritos intervinientes, así como el no respeto por lo normado en ésta, la Cámara 2ª en lo Civil y Comercial de Córdoba hizo lugar a la apelación presentada por San Cristóbal SMSG y llevó a cabo una nueva regulación con aplicación del ordenamiento arancelario correspondiente en cada caso y con sujeción al tope arancelario referido a la mayor regulación del abogado practicada en la instancia en que se hubiera hecho la peritación. El juez a quo reguló los honorarios de los peritos oficiales Marcos Daniel Baravalle, Luis Alberto Deleu, María del Carmen Taborda, José Luis Puebla y María Nelly Majul en la suma de $13.679,25 para cada uno de ellos, añadiendo, en el caso de la perito Majul, el 21% correspondiente a IVA. El apoderado de la compañía de seguros San Cristóbal, obligado al pago de tales estipendios, apeló cuestionando todas las regulaciones practicadas. Labores Al resolver, los vocales Silvana María Chiapero, Mario Raúl Lescano y Delia Inés Rita Carta de Cara indicaron que “todos los peritos fueron sorteados –y aceptaron el cargo- en el año 2007 durante la vigencia de la ley 8226; que todos principiaron con sus labores periciales en el mismo año 2007, pero la ejecución en concreto de la tarea encomendada (presentación de los informes) en algunos casos se llevó a cabo durante la vigencia de la ley 8226 y en otros durante la vigencia de la ley 9459”, precisando que “tal es el caso del perito médico del demandado, Dr. Baravalle y de la perito contadora de la Aseguradora, Cra. Taborda”. Gestión Sobre el particular, precisó la Cámara que “si estos auxiliares cumplieron la totalidad de su gestión profesional con anterioridad a la entrada en vigor de la ley 9459, la decisión que, con fundamento en las nuevas pautas legales, estableció un honorario más elevado que el que correspondía al régimen vigente a la fecha en que la labor se llevó a cabo, implicó atribuir a la ley aplicada 9459 un alcance retroactivo que no resulta conciliable con la protección de la garantía constitucional de la propiedad que le asiste al deudor de esos honorarios excesivos”, apuntando que “la procedencia de la queja excluye los casos del perito médico, Dr. Puebla, y del perito mecánico, Sr. Deleu, ambos propuestos por el actor, porque estos auxiliares ejecutaron la tarea encomendada en el año 2008, vale decir, después de la entrada en vigencia de la ley 9459, por lo que sus honorarios deben mensurarse conforme a las reglas del actual ordenamiento arancelario”. La alzada sostuvo que “también le asiste razón al apelante en la concurrencia del agravio genérico y común a todas las regulaciones referido a la inobservancia del tope máximo previsto, tanto en la ley 8226 (art. 47) como en la actual ley 9459 (art. 49), correspondiente a la mayor regulación del abogado practicada en la instancia en que se hubiera hecho la peritación”. Razón Asimismo, se consideró que “lleva la razón también en que los honorarios regulados por valor de $13.679,25 a favor de la perito psiquiatra Dra. Majul resultan divorciados de la normativa arancelaria aplicable y desproporcionados de la labor llevada a cabo por la referida auxiliar”. Finalmente, el fallo indicó que “no es de recibo, en cambio, el agravio referido a los honorarios del perito médico Dr. Baravalle, designado a instancias del demandado, según el cual estos honorarios deberían haber sido impuestos a cargo del demandado, que fue su oferente, en virtud del acuerdo arribado en relación con las costas del accionado, porque si nos atenemos a los términos del acuerdo transaccional podremos observar que el acuerdo por el que las partes convienen que las costas en relación al demandado Sr. Silva se distribuyan por el orden causado alcanza solo a los honorarios que se hubieren devengado a favor del apoderado del accionado, Dr. Carlos Fabián Altamirano, pero no abarca los honorarios de los peritos, que por el mismo convenio fueron asumidos voluntariamente -y sin condicionamientos- por la Aseguradora”. En razón de lo expuesto, se resolvió “admitir la apelación y revocar la regulación cuestionada”. Autos: “RODRÍGUEZ, MARIO ALEJANDRO C/ SILVA, SERGIO MIGUEL Y OTRO– ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRÁNSITO - RECURSO DE APELACIÓN - (EXPTE. Nº 583564/36)” [/privado]

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