Los honorarios de su abogada los debe pagar el propio martillero

El tribunal interviniente concluyó que el rematador pudo por sí y sin asesoramiento realizar los actos procesales por los que se regularon los honorarios en controversia [privado]

La Cámara 5ª Civil y Comercial de Córdoba confirmó una resolución que indicó que quedan a cargo de un martillero los honorarios profesionales de su abogada. Ello así, por cuanto el tribunal advirtió que el rematador pudo por sí mismo y sin necesidad de contar con el asesoramiento técnico realizar los actos procesales por los cuales se regularon honorarios a su letrada patrocinante.

En contra de la resolución que reguló honorarios a la letrada Rosalba Passaro y estableció los que están a cargo de su comitente, el martillero Víctor Barros, por las tareas en la etapa de ejecución de sentencia, el rematador planteó un recurso de apelación, agraviándose porque los estipendios regulados a su letrada debían ser afrontados por él mismo.

Posibilidad

Al evaluar la cuestión, el tribunal integrado por los vocales Claudia Zalazar y Joaquín Ferrer indicó que la cuestión a resolver en este recurso fincó en la posibilidad que tiene el martillero -quien ha realizado tareas de rematador en la etapa de ejecución de sentencia como auxiliar del Juez- de actuar por sí solo en procura del cobro de sus honorarios.

La decisión partió del principio según el cual el martillero que cumple funciones de rematador en la etapa de ejecución de sentencia en un proceso no necesita el auxilio de un profesional del derecho para realizar los actos procesales que se le han encomendado.

Dicho de otro modo, la cámara sostuvo que correspondió desentrañar qué potestades procesales posee este auxiliar de la Justicia sin necesidad de acudir a la dirección técnica obligatoria, y en qué ocasiones debe solicitar -porque ello es obligatorio- la asistencia letrada de un profesional del derecho.

En ese sentido, la decisión partió del principio según el cual el martillero que cumple funciones de rematador en la etapa de ejecución de sentencia en un proceso no necesita el auxilio de un profesional del derecho para realizar los actos procesales que se le han encomendado.

Exigencia

Por ello, los jueces predicaron que la exigencia prevista por el artículo 80 del Código Procesal Civil y Comercial (CPCC), de patrocinio letrado, no es exigible para las actuaciones que tenga que practicar el martillero-rematador para cumplir con la tarea encomendada, remarcando que la mentada directriz refiere a las “partes” de un proceso, no a este auxiliar de la Justicia.

Bajo esas premisas, el tribunal indicó que cabe desentrañar si este auxiliar de la Justicia puede, por sí solo y sin la necesidad de contratar los servicios de un abogado, solicitar al tribunal a) se regulen sus honorarios y determine quién es el responsable de su pago; b) confeccionar la planilla definitiva de gastos; c) actualizar sus honorarios a los fines de urgir su cobro; y d) requerir la orden de pago correspondiente.

A mérito de las pautas directrices antes sentadas, el decisorio sostuvo que el martillero no necesitaba contar con dirección técnica obligatoria para practicar los actos procesales enunciados.

Así, se señaló que el rematador pudo solicitar su regulación de honorarios, confeccionar planilla de gastos, actualizar sus honorarios y urgir su cobro mediante la orden de pago correspondiente, pues se trata de actos inherentes a la función que desempeña y no requieren de mayores conocimientos técnicos.

Incumplimiento

Luego, los camaristas observaron que es correcto afirmar que, para ejecutar la comisión que le fue otorgada ante el incumplimiento de su obligado al pago, el martillero necesita asesoramiento letrado; sin embargo, observó que, en el sublite, existiendo fondos disponibles a favor del martillero, no era necesario abrir la etapa de ejecución, por lo que este acto procesal resultó inoficioso.

Despejada esa cuestión y habiendo sostenido que no resultaba necesario que el martillero contratara los servicios de un profesional del derecho (en el caso, la Rosalba Passaro), el tribunal concluyó que los honorarios de la mencionada letrada deben estar a cargo de su comitente, pues la parte demandada no ha dado lugar a la actuación de esta profesional.

Finalmente, la cámara consideró que, si la intervención de la letrada no era obligatoria, los estipendios por las tareas cumplidas por la misma deben correr por cuenta de quien por iniciativa propia la contrató, pues no resulta justo trasladar al demandado esta erogación, pues no fue culpable de la reclamación.