Los herederos no pagan al tasador un porcentual de los bienes de la herencia

La decisión validó lo establecido en el Código Arancelario provincial en la materia y recordó que la cuantificación de los estipendios fue adecuada a las labores realizadas en el inventario y avalúo del patrimonio sucesorio

Al interpretar que el Código Arancelario (CA) provincial prescribe un arancel fijado en jus para las tareas de inventario y avalúo en un juicio sucesorio y no el uno por ciento (1%) del valor de los bienes, sino que ese porcentaje se establece como límite que no debe superarse en la regulación, la Cámara 6ª Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba confirmó la sentencia de primera instancia que reguló en 50 jus las labores del perito.

El tribunal integrado por los vocales Alberto Zarza y Walter Simes, al ingresar al análisis del recurso intentado, indicó que el apelante critica el decisorio impugnado porque se regulan sus honorarios por las tareas de inventario y avalúo en la suma de 50 jus en función de lo dispuesto en el artículo 60, inciso 1, de la ley 9459.

El tribunal agregó que el especialista peticiona que sus estipendios se fijen en 1% del valor de los bienes inventariados, por aplicación del artículo 1255 del Código Civil y Comercial (CCyC) y en razón de las tareas cumplidas.

Al respecto, la alzada indicó que el apelante se limitó a pedir que se le fijasen sus estipendios por las tareas mencionadas en el porcentual mencionado sin brindar razones que justificaran su decisión.

Los jueces destacaron que el artículo 60, inciso 1, CA, establece que los honorarios del perito por las operaciones de inventario y avalúo se regularán entre 30 y 50 jus, en aplicación de las reglas del artículo 39, y que en ningún caso podrá superar 1% del valor de los bienes.

Tope

De ello, el fallo derivó que la norma no dispone que los estipendios se regulen en 1% del valor de los bienes inventariados sino que pone este porcentual como tope que no debe ser superado.

A su vez, los camaristas evaluaron que en la alzada el recurrente introdujo argumentos no expresados al incoar la demanda incidental, invocando la aplicación del artículo 1255, CCyC, lo que no requirió en la instancia anterior, tal como debió haberlo hecho para justificar el monto regulatorio pretendido, conforme lo exigía el artículo 114, CA.

Sin perjuicio de lo expuesto, la decisión del tribunal destacó que el juzgador de la instancia anterior tuvo en cuenta todas las consideraciones efectuadas por el recurrente, en lo que respecta a las pautas cualitativas del artículo 39 de la ley arancelaria, considerando especialmente la importancia, mérito, novedad, complejidad, eficacia y tiempo insumido y demás pautas legales, y precisamente por tal razón es que decide aplicar el máximo prevenido por la norma citada; ello es, 50 jus.

Además, la cámara aclaró que, a diferencia de las operaciones de partición y adjudicación de bienes que se remuneran con 1% del valor del activo a partir (inciso 2, artículo 60, CA), no sucede lo mismo con las operaciones de inventario y avalúo, que se remuneran con un monto fijo que nunca -como fue dicho- puede superar ese porcentaje.