ESCUCHARFélix Crous, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), criticó la ley de desfederalización de drogas. Asegura que, en las justicias locales, perseguir el narcomenudeo perjudicó la investigación de otros delitos.
Desde que la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) hizo público su informe sobre la implementación de la ley de desfederalización (26052) que habilita a los poderes judiciales provinciales a intervenir frente a casos de narcomenudeo, el fiscal a cargo, Félix Crous, visitó cinco provincias, en las que fue consultado por representantes de los respectivos poderes ejecutivos, legislativos y judiciales acerca de la conveniencia de que sus provincias se adhieran a esa norma.
El informe y la postura de la Procunar son críticas de esa legislación, que en este momento se aplica sólo en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Salta. Entre tanto, Entre Ríos y La Rioja adhirieron pero aún no la implementaron porque aguardan la transferencia de recursos; en Santa Fe, el proyecto de ley provincial para la adhesión tiene media sanción; en Misiones, el Ejecutivo envió un proyecto a la legislatura, que lo está discutiendo; y en Catamarca el gobierno prepara un proyecto de adhesión para enviar al parlamento provincial. En el resto de las provincias, en tanto, el panorama es el mismo que el anterior a la sanción de la ley, que cumple nueve años en vigor.
La postura de la Procunar es crítica. Su titular Feliz Crous asegura, entre otros aspectos, que la ley de desfederalización no se adecua a las necesidades que plantea la persecución penal de organizaciones que, por lo general, trascienden las fronteras provinciales e internacionales.
Fiscales.gob.ar dialogó con Crous y, en ese marco, Comercio y Justicia transcribió parte de la entrevista del funcionario judicial.
– ¿Cuáles son los problemas que las provincias plantean sobre la situación del narcotráfico local y por qué creen que pueden encontrar una respuesta a partir de la ley de desfederalización?
– En general, la demanda viene desde la problemática territorial del narcotráfico, que es lo que pretendidamente quería atacar la ley de desfederalización. En algunas provincias, con situaciones menos graves que las de otras, se ven tentados porque hay una demanda comunitaria respecto de algunos episodios, que, cuando uno los ve en perspectiva, son nimios. Pero son nimios desde la perspectiva, no desde la comunidad, donde hay un lugar de venta de droga y cierta circulación. Los poderes políticos locales son demandados y tienen la iniciativa y la inquietud de responder a eso. En una primera lectura ven en la posibilidad de habilitar a sus justicias locales el recurso de tener mayores activos para pelear contra esa problemática del narcomenudeo en el territorio. En general, es una situación que está basada en un error basal o en un error fundante, que es olvidar que el esfuerzo contribuyente de la seguridad en todo el territorio nacional es de las policías locales. Las policías locales no están inhabilitadas a trabajar el tema de drogas y no están condicionadas para hacer el trabajo por el hecho de que sea la justicia federal la que interviene. Si no, no existirían las divisiones de droga en las policías locales. A mi modo de ver, hay una exageración acerca de la incidencia que tiene la intervención de una justicia u otra respecto al resultado posible. Esa confusión -creo- es esencial. Está en la centralidad de la sobreestimación de las capacidades de esta ley de desfederalización.
– ¿Y cómo vislumbran la situación los poderes judiciales locales?
– En cuanto a las preocupaciones, una es un tema de recursos. Los poderes judiciales locales suelen ser reactivos a asumir la jurisdicción en el sentido de que creen no tener recursos para absorber el caudal de trabajo que implica transferir una buena parte de la jurisdicción federal. Y tienen razón. Porque la experiencia ha mostrado que en la provincia de Buenos Aires, además de los perjuicios que se acarreó en la eficacia de la investigación de los delitos de drogas, produjo perjuicios en la investigación de los demás delitos. Lógicamente, la capacidad de abordaje que tienen las justicias locales es limitada. Si a la sobrecarga de trabajo de la criminalidad común se le agregan los problemas de la criminalidad de drogas, pues bien: ni lo uno ni lo otro, que es lo que sucede. Y la otra cuestión es la de los recursos. Hay como una idea que los políticos más avezados ven con menos ingenuidad, menos ilusión, que es que la atribución de competencia venga automáticamente acompañada por la transferencia de recursos. Yo creo que algunos están tentados por la transferencia de los recursos y la verdad es que es un proceso mucho más complejo que la transferencia de las competencias.
– ¿En la argumentación a favor de la ley aparecen planteos de disconformidad con la actuación de la justicia federal?
– En algunos lugares puntuales tiene que ver con la escasa cantidad de juzgados en determinados territorios. Éste es un planteo que va acompañado de la demora o diferimiento del libramiento de una orden de allanamiento por la distancia que hay entre el lugar de un hecho y el asiento de un juzgado, lo cual puede ser cierto. Pero no tendría que tener grandes dificultades, hoy por hoy, con los vehículos o las herramientas que existen para que la información fluya más rápido. Existe la firma digital, por ejemplo. Hay una cantidad de elementos que permitirían que todo sea más fluido, sólo que hay algunas prácticas que cuesta cambiar en la rutina judicial. No creo que la intervención para investigar un delito de drogas en una provincia que tiene un solo juzgado defina sustancialmente la calidad de la intervención en comparación con un juzgado que está en la ciudad o a cien kilómetros para hacer una investigación en serio, honestamente. Si el juzgado está a cien kilómetros y, además, hace todo mal, ahí la incidencia va a estar clara. Pero, de todas maneras, lo que va o no a definir el éxito de ese trabajo es si la policía está o no en el negocio del que la vende. Es así de sencillo. Eso es lo que define la cosa, no lo otro. Lo otro es un fenómeno de segundo nivel, cuasi burocrático.
