ESCUCHARAdemás, rechazó el pedido de dirigentes opositores para que se suspenda la ejecución del fallo hasta tanto se verifiquen los presupuestos allí fijados como “requisitos para que rijan las garantías de libertad de expresión y de prensa”.
Mediante un comunicado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) respaldó a su presidente, Ricardo Lorenzetti, quien fue fuertemente cuestionado luego de que reconoció encuentros y conversaciones con miembros del Gobierno nacional.
“Las reuniones entre representantes de poderes del Estado forman parte de la actividad normal de la República y no tienen por objeto la discusión de las soluciones a adoptar por el tribunal en las causas sometidas a su jurisdicción”, apuntaron los ministros Eugenio Raúl Zaffaroni, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi, Carmen Argibay, Elena Highton de Nolasco y el mismo Lorenzetti.
En ese sentido, el Máximo Cuerpo sostuvo que la elaboración de las sentencias y sus deliberaciones internas se ajustan “estrictamente a los procedimientos legales establecidos al efecto”, apuntando que su contenido es el resultado de “la interpretación de las leyes y la Constitución Nacional que le compete”.
Lorenzetti fue criticado luego de que se conoció el fallo que declaró la constitucionalidad de la ley de medios, objetada por el Grupo Clarín.
“Pacto”
La diputada Elisa Carrió (UNEN) encabezó la embestida contra el magistrado, a quien acusó de tener un “pacto” con la Casa Rosada. También enfatizó que pedirá su juicio político.
Carrió hizo su anuncio luego de que trascendieron declaraciones del titular de la Corte al diario Perfil, en las que admitió que dialogó “muchísimo” con el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, antes de que el Máximo Tribunal avalara la constitucionalidad de la legislación. Carrió estima que con sus dichos el presidente de la CSJN reconoció “el más grave delito republicano, que es la violación de la división de poderes”.
En otro pasaje del documento que difundió, el Máximo Tribunal plasmó que “en nada contribuyen al debate ni al fortalecimiento institucional” los ataques dirigidos a sus miembros “cada vez que una decisión no satisface las expectativas de algún sector de la opinión pública”.
“Esta Corte, desde que se consolidara en su actual composición, realizó ingentes esfuerzos para fortalecer las instituciones de esta República. Así, ha sostenido la independencia del Poder Judicial con firmeza, tanto en sus sentencias como en su posición institucional”, argumentaron los ministros.
Paralelamente, rechazó la presentación de los legisladores opositores que pidieron la suspensión de la sentencia que dictó el 29 de octubre, al entender que no tienen legitimación al no ser parte en el expediente. Los dirigentes del PRO reclamaban que se suspendiera la ejecución del fallo hasta tanto se verifiquen los presupuestos fijados por el Alto Cuerpo en el texto, como requisitos para que en la República Argentina rijan las garantías de libertad de expresión y de prensa, fundamentos necesarios del Estado de Derecho y del sistema democrático establecido por la Constitución.
Aplicación
Paralelamente, expresaron que no hay una autoridad de aplicación de la ley 26522 que sea “efectivamente un órgano técnico e independiente”, protegido, como tal, contra indebidas interferencias tanto del Gobierno como de otros grupos de presión.
También querían que se verificara la “acción del Estado como garante de la libertad de expresión”, con el fin de evitar que, mediante subsidios, reparto de pauta oficial o cualquier otro beneficio, los medios de comunicación se conviertan en “meros instrumentos de apoyo a una corriente política” o en vías para “eliminar el disenso y el debate plural de ideas”.
