ESCUCHARA partir de hoy, y hasta el jueves, los letrados porteños votarán para elegir al presidente del Colegio Público de Abogados de Capital Federal (CPACF).
Cerca de 80 mil profesionales están habilitados para sufragar en la sede institucional y en el Centro Cultural General San Martín.
Jorge Rizzo -de Gente de Derecho- buscará la reelección. Llegó a la presidencia del CPACF por primera vez en 2006 y -si gana- será su quinto mandato.
Aunque se lo vincula con el kirchnerismo, Rizzo lo niega.
En su lista hay ex militantes del ARI, de la izquierda y del radicalismo.
Durante sus gestiones, el sector al que pertenece se opuso a la denominada Ley de Democratización de la Justicia y respaldó la permanencia de Carlos Fayt en la Corte cuando era fustigado por su edad.
El jurista, ex camarista federal y ex Ministro de Justicia y ex diputado (UCR) Ricardo Gil Lavedra, quien cuenta con apoyo opositor, le disputará la conducción de la institución.
Lidera el espacio Unidad en Defensa de la Abogacía, que aúna a representantes de Abogados de la Ciudad; Abogados del Fuero; Abogados en Acción;Abogados Esenciales; Encuentro de Abogados Independientes; Abogados x Argentina; Confluencia de Abogados en Evolución; Justa Causa; Abogados de Pie; Será Justicia; Cambio Pluralista; Presencia y Acción y Bloque Constitucional.
Rubén Ramos es el tercer candidato, por Espacio Abierto.
Armado
El armado de Gil Lavedra reúne a 13 agrupaciones relacionadas con la UCR, el PRO y el peronismo disidente.
Estas elecciones son las primeras tras la puesta en marcha de los expedientes digitales, lo que implica menos afluencia diaria de abogados a tribunales. Por eso, y en función de la necesidad de seguir implementando cuidados sanitarios, Rizzo resolvió que los comicios se desarrollarán durante tres días.
Además, sin éxito, intentó desdoblar el padrón: dispuso que no sólo se instalaran urnas en el Centro Cultural San Martín, sino que buscó que los letrados que viven en la provincia de Buenos Aires (28 por ciento) pudieran votar cerca de sus domicilios, en los locales del gremio de Panaderos de Lomas de Zamora, Morón, San Isidro, San Martín, Lanús, Quilmes y La Matanza.
Amparo
Gil Lavedra se opuso a ese plan y presentó un amparo sosteniendo que se trata de prácticas facilitan el fraude, porque sería imposible controlar las urnas en las sedes gremiales.
La jueza federal María Servini hizo lugar al planteo y ordenó que se dieran de baja las mesas que se iban a instalar en aquellos distritos bonaerenses.
“El desdoblamiento del padrón en un ámbito ajeno a la Ciudad de Buenos Aires supone un probable problema de control, organización, fiscalización e incluso logística, situación que no puede ser pasada por alto”, concluyó la magistrada.
