El relevamiento indica que aumentó la cantidad deimputados con prisión domiciliaria por razones de edad. Además, precisa que bajó el ritmo de elevaciones a juicio con respecto a 2017
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos, difundió su nuevo informe sobre el estado del proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad que detalla que este año finalizaron 17 debates orales y que aumentó la cantidad de imputados con prisión domiciliaria, por razones etarias.
Además, precisa que bajó el ritmo de elevaciones a juicio, por la interposición de recursos y las contantes dilaciones y las dificultades para conformar los tribunales, entre otros factores.
El diagnóstico explica que en 2017 se detectó un aumento de sentencias de juicio y que a lo largo de este año esa reactivación comenzó a detenerse.
La PCCH relevó el estado de las causas, el avance de la situación procesal de las personas investigadas y analizó trayectorias temporales, con medición de los tiempos de tramitación del proceso de juzgamiento.
Asimismo, aportó datos sobre el número de personas detenidas y sus correspondientes modalidades de encierro, clasificando la información según rangos etarios.
El trabajo indica que persiste un número estable de casos en etapa de instrucción, que constituyen 45% del total de expedientes en trámite; es decir, casi la mitad de las actuaciones activas tiene por delante prácticamente todo el recorrido del proceso penal.
Por otra parte, puntualizó que “el análisis de las trayectorias temporales muestra que insume un promedio de cinco años que una causa se eleve, se realice el juicio y se confirme o no la sentencia en las instancias recursivas posteriores”.
En ese sentido, subrayó que -aun suponiendo que en las más de 200 investigaciones se presente el requerimiento de elevación durante 2019- como mínimo, la finalización del proceso demoraría hasta mediados de 2025.
Tal como consigna el informe, “el diagnóstico 2018 permitió identificar una baja significativa en el número de elevaciones y en la cantidad de sentencias dictadas”. Los 17 fallos dictados a lo largo del año involucran a 108 personas, de las cuales 91 fueron condenadas y 17, absueltas.
En tanto, sólo 27 por ciento de los condenados y 15 por ciento de los absueltos tienen sentencia firme, lo cual indica que continúan las demoras en las instancias recursivas.
El análisis de trayectorias confirmó que la instancia de juicio demora en promedio 3,6 años desde la elevación hasta que el Tribunal Oral Federal presenta los fundamentos del decisorio.
En cuanto a las instancias recursivas, demoran en promedio 3,4 años desde la presentación de los recursos contra la sentencia y su resolución, tanto por parte de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) como de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). A ello se suman los reenvíos que ambas instancias realizan hacia los tribunales de origen. Este análisis también confirmó que la etapa de juicio aumentó los tiempos de tramitación respecto de 2017 y que el paso que más tarda es la confirmación de la CFCP (dos años, en promedio).