Le concedieron la guarda de una niña de corta edad a una adulta mayor

La Corte de Justicia de Salta dejó sin efecto una sentencia de Cámara que revocó el fallo que había seleccionado a la recurrente para adoptar a una nena. Enfatizó que durante el proceso de elección los profesionales intervinientes concluyeron que la mujer reúne las condiciones personales, morales y económicas adecuadas para prohijar

“La brecha generacional existente entre la menor y la aspirante a la guarda con fines de adopción no configura obstáculo para su concesión”. [privado]

Bajo esa premisa, la Corte de Justicia de Salta dejó sin efecto una sentencia de Cámara que revocó el fallo que seleccionó a la recurrente para adoptar a una nena, resaltando que se estableció que la mujer reúne las condiciones personales, morales y económicas que se requieren.

El Alto Tribunal enfatizó que aunque la elección de M.E. fue objetada por su diferencia de edad de 59 años con la infante, los informes de los profesionales que intervinieron en el caso eran claros en cuanto a que ello no es un obstáculo, en atención a las aptitudes de la aspirante y porque el superior interés de la menor se encuentra debidamente resguardado con su elección.

“No existe disposición legal en nuestro ordenamiento jurídico que fije una edad máxima para ser adoptante o establezca una brecha etaria límite”, recordó, acotando que las pautas enumeradas en el artículo 613 del Código Civil (CC) para la selección del guardador con fines de adopción no son taxativas y deben ser evaluadas en conjunto en cada caso particular.

Recurso

A su turno, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial admitió el recurso deducido por el asesor de Incapaces del Distrito Judicial Orán y dejó sin efecto la decisión del a quo, que eligió a la recurrente como aspirante a la guarda con fines de adopción de D.G.

La impugnante alegó que el fallo violentó el derecho de defensa en juicio, el debido proceso y el principio igualdad y que conculcó el interés superior de la niña.

Informes

La Corte de Salta enfatizó que los informes de los profesionales que intervinieron en el caso descartaron que la diferencia de edad fuera un obstáculo para continuar con el procedimiento de vinculación. Bajo esa premisa, concluyó que el superior interés de la niña se encuentra debidamente resguardado con la elección efectuada por el juez de primera instancia. Además, indicó que no podía soslayarse lo comunicado por la Secretaría Tutelar y por la Delegación Regional Orán de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia respecto a los efectos negativos que produjo en la menor la interrupción de la vinculación con la actora.

Adujo que la alzada efectuó una interpretación irrazonable e injusta del decisorio del juez de primera instancia y que incurrió en arbitrariedad en el análisis y ponderación de los hechos.

Paralelamente, planteó que no existe disposición legal que exija un máximo de edad a considerar como “brecha generacional” y como requisito para ser adoptante y denunció que esa exigencia fue creada por la Cámara, que, además, soslayó los informes interdisciplinarios que confirmaron que podía prohijar.

“Nuestro Máximo Tribunal Federal sostuvo que queda totalmente desvirtuada la misión específica de los tribunales especializados en temas de familia si éstos se limitan a decidir problemas humanos mediante la aplicación de una suerte de fórmulas o modelos prefijados, desentendiéndose de las circunstancias del caso que la ley les manda concretamente valorar”, subrayó la Corte de Salta.

Expuso también que la sentencia creó un procedimiento particular para el caso que retrotrajo etapas procesales y estableció exigencias sin sustento.

Por otra parte, expresó que no podía pasarse por alto el daño irreparable que sufriría la niña si se mantenía el decisorio apelado, a que se la separaría de su única referencia familiar en la actualidad, generada por el proceso de vinculación debidamente dispuesto.

Estereotipo

En otro tramo de su recurso, la mujer opinó que el pronunciamiento se basó en un “estereotipo de lo real” y que la discriminó por su edad.

Finalmente, esgrimió que se dio un supuesto de gravedad institucional por cuanto la cuestión “trasciende a todos los procesos de adopción”.

Al analizar el recurso, la Corte salteña reseñó que la Cámara acogió los argumentos del asesor de Incapaces, quien sostuvo que el juez de grado omitió darle participación a la autoridad administrativa en el proceso y opuso reparos basados en la edad de la aspirante.

El Alto Cuerpo puntualizó que para arribar a la decisión recurrida entendió que, sin perjuicio de reconocer que los adultos mayores suelen contar con ciertas condiciones como la madurez emocional, la seguridad en cuanto a las metas de la vida y la estabilidad económica, los niños adoptados por padres de una franja etaria superior a los 50 o 55 años tienen un riesgo más grande de que los adultos se enfermen y de verse obligados a cuidarlos.

Indicó asimismo que la Cámara consignó que si bien la posibilidad de adoptar no está prohibida a los adultos mayores, las decisiones al respecto deben tener presente todo el conjunto de rasgos que rodean la situación. “Consideró que como criterio para el otorgamiento de las guardas con fines de adopción deberían tenerse en cuenta las edades en las que los adoptantes, de haber sido biológicamente posible, hubieran engendrado”, añadió.

Agregó que para sostener la conveniencia de fijar un tope máximo en la edad, aun cuando no haya sido legislado, la alzada argumentó que es necesario establecer una relación paterna y/o materna-filial “cercana a la realidad, madura y razonablemente coherente con el ejercicio reflexivo de los roles”.

“En ese marco, y meritando que existían otros postulantes posibles a ser examinados, concluyó que correspondía dejar sin efecto la selección y realizar una nueva evaluación de todos los legajos disponibles”, precisó la Corte sobre el fallo recurrido.

Derechos

“A fin de proceder al análisis del tema, debe tenerse presente que en el ámbito de los derechos del niño se reconoce a la adopción como un instrumento necesario para la protección de los menores, institución ésta que tiene justificación y fundamento en los valores justicia, solidaridad y paz social”, señaló la máxima instancia de Salta.

Al recordar que en lo atinente a la elección del guardador con fines de adopción el artículo 613 del CC establece que con el objeto de “asegurar de un modo permanente y satisfactorio el desarrollo pleno del niño, niña o adolescente” se deben tomar en cuenta, entre otras pautas, las condiciones personales, edades y aptitudes del o de los pretensos adoptantes; su idoneidad para cumplir con las funciones de cuidado y educación y sus motivaciones y expectativas, la Corte explicó que se trata de pautas que no son taxativas y que deben ser evaluadas en conjunto en cada caso particular.

ACLARACIÓN. Se precisó que aunque el a quo no participó al organismo administrativo en la selección, sólo se justificaría dejar sin efecto lo actuado en el supuesto de que ello hubiera afectado el interés superior de la nena.

“Nuestro Máximo Tribunal Federal sostuvo que queda totalmente desvirtuada la misión específica de los tribunales especializados en temas de familia si éstos se limitan a decidir problemas humanos mediante la aplicación de una suerte de fórmulas o modelos prefijados, desentendiendose de las circunstancias del caso que la ley les manda concretamente valorar”, subrayó.

Sobre el caso concreto, concluyó que los informes de los distintos profesionales eran claros en cuanto a que la diferencia etaria no resultaba un obstáculo en atención a las condiciones personales de la aspirante a la guarda.

Plasmó que la mujer fue inscripta en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción de la Provincia de Sala a los 60 años y que declaró su intención de adoptar una niña de entre cero y tres años. “Los profesionales que tuvieron a su cargo las pericias, en pleno conocimiento de las circunstancias antes apuntadas, concluyeron que las condiciones de la postulante eran aptas para prohijar y con base en ello, se la incorporó en el registro”, detalló.

Conducta

“El solo elemento edad no resulta suficiente para establecer la viabilidad de una pretensión adoptiva, sino que el mismo debe ser ponderado en el particular continuo que cada historia personal amerita. Si bien la diferencia etaria de 59 años es un elemento real e incuestionable, la determinación de lo que la pretensa adoptante puede desplegar como conducta materna se complementa con todas las demás esferas de su vida e historia particular”, subrayó el Alto Tribunal de Salta.

“La postulante exhibe la totalidad de indicadores de bienestar que la Organización Mundial de la Salud reconoce como predisponentes de una adecuada calidad de vida y concomitante a ello una mejor perspectiva en lo que a expectativa de vida refiere”, acotó.[/privado]