ESCUCHAREl organismo sostuvo que se probó la constitución de una estructura para dar apariencia lícita a 50 millones de dólares de origen ilícito, con numerosas operaciones y utilizando paraísos fiscales con “un claro dolo que se manifiesta hasta la actualidad»
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la pena de nueve años de prisión para el empresario Lázaro Báez, en el marco de la causa conocida como “la ruta del dinero K”, en la cual se juzgan presuntas maniobras de lavado por alrededor de 60 millones de dólares.
Es el segundo alegato de las querellas ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 y el reclamo de sanción más elevado. En su momento, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) reclamó ocho años de cárcel para el empresario patagónico.
Reivindicado
Además, la UIF reclamó una condena de ocho años para Martín Báez; cinco años para Luciana y Leandro Báez y cuatro años y seis meses para Melina Báez, al igual que para el arrepentido Leonardo Fariña.
El aporte del financista al caso fue reivindicado por la querella, que sostuvo que la información que brindó se corroboró y fue útil para la corroboración de la verdad. “Dejando fuera cualquier especulación moral o política que trajeron las defensas, se ha corroborado en gran parte lo que él ha dicho y vamos a tener por cumplida la ley 27304”, enfatizó.
El Fisco, en cambio, pidió seis años para Fariña por entender que “su aporte no fue trascendental para el juicio”.
El organismo que interviene en la investigación de delitos vinculados al lavado de activos le requirió también al Tribunal que le aplique a Báez una multa equivalente a siete veces el monto de cada operación ilícita.
Compañías
Por otro lado, para las compañías Austral Construcciones y Real Estate Investment peticionó sanciones pecuniarias por el doble de lo que ganaron en las operaciones en las que intervinieron. En el caso de otra firma involucrada, Helvetic Group, solicitó la cancelación de su personería jurídica y multa por siete veces el monto de los movimientos financieros cuestionados.
Además, solicitó el decomiso definitivo de 32,8 millones pesos a cuentas de Austral Construcciones, de aeronaves, de lo depositado en cuentas off shore y de bienes muebles e inmuebles.
Por otro lado, en base a dichos del acusado Federico Elaskar, la UIF reclamó investigar a funcionarios del Banco HSBC Argentina por posibles delitos a la ley penal cambiaria
“Hemos corroborado con prueba directa la constitución de una estructura para dar apariencia lícita a 50 millones de dólares de origen ilícito, con numerosas operaciones, cuentas abiertas sin una explicación económica, utilizando paraísos fiscales con un claro dolo que se manifiesta hasta la actualidad», sostuvieron los letrados de la unidad.
